EL FRACASO HISTÓRICO DEL LIBERALISMO EN COLOMBIA: UN ENFOQUE CRÍTICO*

EL FRACASO HISTÓRICO DEL LIBERALISMO EN COLOMBIA: UN ENFOQUE CRÍTICO* The historical failure of liberalism in Colombia: a critical approach Miguel Eduardo Cárdenas Rivera** Resumen El presente estudio versa sobre el liberalismo en Colombia. Adopta como criterio de fondo que el liberalismo no puso en práctica las reformas sociales que propuso adelantar desde la década del treinta del siglo pasado, en especial la reforma social agraria –que luego intentó en los sesenta– sin avanzar en ese propósito –lo que dio pábulo a la insurgencia–; en los noventa maduró hacia el neoliberalismo, y a estas alturas del desenvolvimiento histórico del conflicto interno armado no es dable aceptar que si retornase a la senda liberal reformista pudiera dar una salida a la crisis colombiana. El liberalismo colombiano no logró dar base orgánica y material a políticas públicas orientadas a la distribución justa de la riqueza; a pesar de entender que la paz requería reformas sociales, no las pudo hacer. Así, la guerra es una catástrofe que tiene su fundamento en el fracaso del liberalismo como intenta demostrar el artículo. Palabras clave: Estado hobbesiano, guerra civil, veto a la nación, liberalismo, conflicto en Colombia. Abstract This paper is about Liberalism in Colombia. The main argument is that throughout the whole twentieth century, Liberalism in Colombia failed to implement the social reforms that it had promised as early as in the thirties. Especially important was the failure of the agrarian social reform, which fed the further rise of the insurgent forces. Later on, in the nineties, Liberalism matured into a new form: Neoliberalism. This new form of Liberalism was less capable of producing the social reforms that the old Liberals had promised. Today, and after the historical development that the internal armed conflict in Colombia has followed, it is impossible to think that a return to the reformist Liberal path of the old times would be sufficient to provide a solution to the crisis in Colombia. Colombian Liberalism was simply not able to provide an organic and material base that would guide public policies towards a fair distribution of wealth. And so, as this paper attempts to demonstrate that the Colombian war is a catastrophe that has its foundations in the failure of Colombian Liberalism. Keywords: Hobbesian state, civil war, veto to the Nation, Liberalism, conflict in Colombia. * Artículo de investigación científica e histórica, resultado del proceso interdisciplinar, político y académico sobre la relación entre doctrinas políticas, justicia social y paz que adelanta el Grupo de Investigación Primo Levi de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bajo la orientación del doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa. Tiene un enfoque crítico de la filosofía social aplicado a la ciencia del derecho mediante el análisis jurídico-político con expresa intencionalidad praxiológica. 2 Sumario. Introducción. El liberalismo en Colombia: orígenes y persistencia; 1. La continuidad de la violencia: expresión de una dinámica sistémica; 2. El liberalismo en la historia colombiana: intento y fracaso en la búsqueda de una salida a la crisis; 3. La solución del problema agrario: base para la superación de la violencia sistémica; 4. De la relación entre Palacios Rozo y Uribe López: ¿el discípulo supera al maestro?; Conclusión: La salida política: construcción del posconflicto y pluralidad de enfoques; Referencias. Metodología. La metodología se basa en el materialismo histórico soslayando el doctrinarismo obstinado y la autocomplacencia con las conclusiones propia del dogmatismo, para tal efecto el rigor analítico y conceptual es decisivo para no perder la realidad concreta del conflicto social que configura el contexto histórico colombiano. Lejos de una ideología que da juego a los vanguardismos se apela a la conciencia de clase para hacer la revolución que permita la emancipación de los trabajadores por obra de los trabajadores mismos. En esta línea metodológica se utiliza el análisis inductivo y el abstracto-deductivo de causalidad que se encuentra en la economía política marxista. Con este instrumental se responde la pregunta de guía el estudio: ¿cuál es el papel del liberalismo en la profundización de la crisis sistémica que afecta a Colombia? Introducción El liberalismo en Colombia: orígenes y persistencia El liberalismo en Colombia tuvo una gran influencia desde fines del siglo XVIII cuando en 1794 Antonio Nariño tradujo y publicó la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano”, proclamada por la Revolución francesa en 1789. Este acto, de carácter subversivo bajo la égida de la “utopía del liberalismo democrático” (Fals, 2008, p. 244), va a marcar una etapa conocida como la “revolución de independencia” que, más adelante –luego de grandes confrontaciones ideológicas y militares acaecidas a partir de “la fundación de la República” en 1819– lleva al Radicalismo a imponer la idea “liberal pura”, como fue plasmada en 1863 en la Constitución de Rionegro. Este proyecto de nación “sin mito fundacional”, fue derrotado en la Guerra de 1885 por “La Regeneración”. En este crucial período, el liberalismo colombiano fue sometido a una severa defenestración y convertido en un eunuco que desapareció para siempre como una fuerza para la transformación política. Así –en ese recoveco de la historia– se generó la actual catástrofe producto del freno a la revolución social por parte del catolicismo conservador (España, 2003, p. 283). No 3 obstante, tal postura ideológica –de gran factura retórica– pervive en la actualidad, como se comprueba en la reivindicación de un enfoque “liberal” in extremis –que clama por un Estado hobbesiano– en el libro La Nación vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en Colombia de Mauricio Uribe López (2013). Perspectiva que lo aúna de manera estrecha con el libro Violencia pública en Colombia 1958-2010 de Marco Palacios (2012b). El liberalismo es el pegamento conceptual de estos dos autores1. El presente trabajo tiene por objeto estudiar de manera crítica la historia del liberalismo en Colombia, para así escudriñar en su fracaso y explicar la acritud del fenómeno de la violencia.2 Para ello abarca de manera crítica estas dos obras, con énfasis en la forma como Uribe López aplica desde la ciencia política una categoría económica (el “sesgo anticampesino del modo de desarrollo”). Por su parte, Palacios, en su ejercicio como historiador, no asume la categoría “guerra civil”, sino que utiliza y define una fórmula genérica y evasiva que denomina la “violencia pública”. La estructura del libro de Uribe López comprende cuatro capítulos: el primero asume como enfoque el “institucionalismo histórico y la economía política del 1 El liberalismo es una doctrina que postula la idea de la realización humana sin la intervención divina. Aspira a crear una forma de organización económica y social que se construye con base en los principios de libertad, igualdad, fraternidad y propiedad. La democracia liberal se fundamenta en el contrato social para hacer posible la superación del estado de naturaleza, remontar la violencia, y alcanzar la paz y la convivencia. El discurso liberal no se comporta en la historia de manera congruente pues la dominación burguesa y el capitalismo no permiten al conjunto de la población el acceso a los bienes materiales necesarios para la realización de los derechos que reconoce erga omnes de manera formal. Coerción y consenso, violencia y legitimidad, libre mercado e intervención del Estado, son los dos rieles por los que corre desbocada la máquina del capital. La deliberación que caracteriza la sociedad civil requiere de niveles de educación y de participación que el sistema político y la educación tampoco posibilitan. El mercado como institución y el sistema de partidos no logran el reparto de la riqueza ni la representación para la formulación de las leyes en pro del beneficio general. El Estado en el régimen liberal expresa la concentración del poder privado de las corporaciones en detrimento del bien común. La sociedad burguesa basada en la idea liberal es una fórmula que combina el individualismo, el utilitarismo, el pragmatismo, la ley del más fuerte propia del darwinismo social, la concentración aberrante de la riqueza y de contera la masificación de la pobreza. Una explicación plausible es que “el liberalismo es la cobardía del comerciante, la palabrería del polemista, el entretenimiento de los brutos”. (Silva Herzog, 2006, p. 33). El triunfo del liberalismo a nivel planetario conlleva el fenómeno del hambre. Para un recuento crítico de los efectos del liberalismo, véase Caparrós (2014). 2 El sociólogo francés Daniel Pecaut –quien luego de serias y sistemáticas reflexiones históricas a lo largo de tres décadas llegó a su tesis de la existencia de una “guerra contra la sociedad”– desde 1976 formuló la necesidad de un estudio objetivo que permitiese una interpretación del fenómeno de la violencia en Colombia. Objetivo en cuanto superara como explicación de fondo el sectarismo partidista de la mitad del siglo pasado entre liberales y conservadores y que asimile “que esta violencia generalizada no se ha manifestado sino en Colombia y ello no ha sido [así] en otra parte, al menos bajo esta forma, el acompañamiento necesario ni de modernización del capitalismo”. (Pecaut, 1976, p. 71). 4 desarrollo” para hacer el estudio de caso sobre la “guerra civil prolongada”; el segundo hace un estudio comparativo de la guerra civil colombiana; el tercero escudriña el problema de fondo de la obra: el “veto a la nación y el antiestatismo de las élites”; el cuarto asume la inaplicación del liberalismo político a la Rawls como guía de interpretación de la crisis colombiana, enlazada al ya mencionado “sesgo anticampesino”. La estructura del libro de Palacios comprende cuatro capítulos: el primero es un ensayo que se titula “Palabras, momentos y lugares de un conflicto armado inconcluso”; el segundo, de gran rigor, analiza la “Guerra Fría y la Revolución”; el tercero trata el asunto de la “Guerra a las drogas, escalamiento y guerra sucia”, y el cuarto aborda la “Paz cuatrienal”. El hilo conductor del libro de Uribe López es la idea liberal pura que asume el institucionalismo como base del debido funcionamiento del mercado, entendido como la institución fundamental. Ese institucionalismo se confunde con la idea de Estado en el sentido hegeliano (como garantía de la preservación de lo general sobre lo particular). Es un libro liberal que se queja de la ausencia de liberalismo como causa fundamental del problema que analiza. Su contenido es el resultado de una profunda mirada del problema de la construcción de la Nación que no cuestiona al Estado como categoría, ni se pregunta ¿qué es el Estado? o al menos se permita indagar ¿qué tipo de Estado? Uribe, luego de hacer un perspicaz recuento sobre el debate en torno al problema de Estado en el capitalismo actual, no se arriesga a desatar el nudo gordiano de tan complicado asunto, ergo no asume una crítica a la categoría Estado. Pareciera como si el Estado (burgués) fuese bueno y necesario per se. Así, de la mano de Kant y Hegel, Uribe hace que Hobbes adquiera plena personalidad liberal. No obstante, Uribe se apoya en Centeno para anotar que: La perspectiva neoliberal denunciaba la existencia de un poderoso Leviatán que había sumido a la región en el caos económico y político. Las dictaduras y los regímenes autoritarios que habían predominado en el paisaje político regional alimentaban aún más la imagen del Estado latinoamericano como un Leviatán opresivo. (Uribe, 2013, p. 161) Uribe López trata de establecer una sutil diferencia para indicar que el liberalismo sirve como antídoto al neoliberalismo, cuando en realidad este último es una maduración del sistema de explotación en que se fundamenta el ejercicio del poder del capital. Y en esa dubitación se pregunta y se responde a sí mismo: 5 Cuál Leviatán opresivo si a pesar del indiscutible despotismo de múltiples gobiernos en la historia de la región buena parte de las muertes producidas por la violencia política han sido consecuencia de la incapacidad del Estado para imponer su autoridad. (Uribe, 2013, p. 161) Omite así la realidad histórica de los resultados de la Doctrina de la Seguridad Nacional tal como se aplicó en forma criminal a través de la Operación Cóndor en el Cono Sur y del paramilitarismo en Colombia, como una de las más grandes “operaciones encubiertas” que el “Leviatán opresivo” desplegó a través de la acción del aparato de seguridad continental del gobierno de los Estados Unidos a instancias del Departamento de Estado y el Pentágono a través de la CIA (Cispal, 2012). Así, su rechazo a la guerra proviene de una postura moral, no la asume como fenómeno político con raíces histórico–sociales. Omite la sustancia del problema: la violencia propia del capitalismo,3 que en su estudio sobre el “estilo de desarrollo” Uribe López denomina el “sesgo anticampesino” (2013, pp. 505-535), con seguridad el aporte más interesante del libro. Una explicación que se requiere matizar sobre este tópico es la siguiente: (…) La lucha por la paz ha integrado los objetivos contra el liberalismo, ha permitido el reconocimiento de la guerra como un dispositivo feroz de legitimación del poder capitalista (Hardt & Negri, 2007, p. 103). En primer lugar, no es creíble que la guerra –en general– sea un dispositivo feroz de legitimación del poder capitalista. No lo son las guerras de liberación. En segundo lugar, no hay una violencia propia del capitalismo, sino varias: las dictaduras y la represión física es una de ellas, pero hay otras: ideológicas, políticas y culturales por medio de las cuales, en coyunturas determinadas, el sistema puede lograr el consenso de las mayorías durante periodos más o menos largos. Cuando pierde ese consenso –o sabe que lo va a perder –por ejemplo 3 Vale acotar que en el célebre estudio sobre la acumulación originaria, que consigna el cap. XXIV del Libro I de El Capital, se refiere Marx al “pecado original” con que nace el poder del capital y adquiere una forma social propia que solo es posible en la modernidad, etapa que configura la plena madurez del dominio de la burguesía en el siglo XIX, que se expresa en la imposición y aceptación social de la ley de la plusvalía, bajo la fórmula liberal de una institucionalidad del mercado que aplica la fórmula de coerción y consenso. Marx explica el fenómeno de manera precisa: “De este pecado original data la pobreza de los más, que a pesar de todo, y aun aferrándose al trabajo, solo podían vender su persona, y la riqueza de los menos, que crece incesantemente, aunque haga mucho tiempo que han dejado de trabajar”. (Marx, 2014, p. 637). En efecto, tal como lo pone al descubierto Rosa Luxemburgo, la violencia es la base del poder del capital, es el mecanismo que hace posible su funcionamiento inhumano –de esa manera y no de ninguna otra–: “[…] era, finalmente, la propia insuficiencia del desarrollo de la productividad del trabajo la que, a la vez, traía aparejada la periódica contradicción de intereses entre las diferentes unidades sociales y, con ello, planteaba la fuerza bruta como único medio de resolver esta contradicción”. (Luxemburgo, 1972, p. 136). 6 porque emprende transformaciones modernizantes neocoloniales– recurre a la violencia pura y simple. Esta es la explicación de buena parte de las dictaduras en América Latina en los años 60–80, por establecer alguna fecha. Pero con características específicas en cada país, incluida Colombia. 1. La continuidad de la violencia: expresión de una dinámica sistémica Es necesario saber cómo Colombia transitó por la modernización neocolonizadora, para lo cual es menester conocer la historia de las luchas campesinas en Colombia (Romero, s.f.). La violencia extrema, pura y simple, que caracterizó varios decenios a la sociedad colombiana, es también diferente de la que existió en otros países de América Latina. En Colombia, las atrocidades fueron impensables. Hubo una “cultura” de la atrocidad que aparentemente respondió a ciertos códigos. Ese terror extremo practicado tuvo, al parecer, un objetivo muy preciso: desalojar a los campesinos de sus tierras para dejarlas en manos de los terratenientes. Quizá le asiste razón a Uribe López cuando se refiere a las carencias del institucionalismo, que sirvieron como campo abonado para la violencia extrema. Aunque la razón principal de esta última fue el despojo de los campesinos. Eso es bastante más que un simple “sesgo anticampesino”. Lo cierto es que ese largo periodo de violencia extrema contribuyó a que en ciertas capas sociales colombianas la vida humana pasase a carecer de valor. De manera creativa, la literatura4 y el cine dieron explicación del asunto, a partir de la aparición en 1983 de la película Cóndores no entierran todos los días, basada en la novela de 1972 de Gustavo Álvarez Gardeazábal.5 No se puede desconocer la relación entre conflicto social e insurgencia en el caso colombiano. También es cierto que no se puede hacer un paralelo en Colombia entre la lucha armada y la lucha de clases. Se asevera que si la insurgencia encarnó un proyecto liberador, dejó de serlo hace tiempo, y ahora es más un obstáculo que una ayuda al desarrollo de la lucha de clases. Por ello, Palacios tiene razón cuando escribe –conocedor de la categoría “hegemonía” en Gramsci–: 4 Marianne Ponsford, en su editorial para la Revista Arcadia N° 100 “Cien años de realidad” anota: “Pero quizás lo que genuinamente abruma del particular conjunto de obras aquí reunidas es la evidencia de que la mayoría de los creadores del país han buscado con vehemencia casi febril, década tras década, dar nombre a la violencia que ha atravesado, como un hierro encendido, el cuerpo de la historia de Colombia”. 5 Como también lo hace el escritor William Ospina quien, a lo largo de su obra, estudia la reacción de la literatura y de la cultura en general con respecto a la violencia. 7 Es erróneo suponer que las FARC hubieran alcanzado, así fuera momentáneamente, el control militar completo o la hegemonía ‘gramsciana en esos territorios’. Siempre han sido débiles en los cascos urbanos y deben negociar constantemente las lealtades de la población selva adentro. (Palacios, 2012b, p. 129) Sorprende la reiterada alusión al ideólogo del nazismo Carl Schmitt para explicar la categoría de enemigo (Serrano, 2002). Este es un lapsus teórico inaceptable que toma fuerza en el enfoque que consigna el prólogo de Jorge Giraldo Ramírez al libro de Uribe López, quien en clave hobbesiana arguye contra toda evidencia sobre la “debilidad del Estado colombiano” (Uribe, 2013, p.24). En el caso de Giraldo vale señalar ese notorio fenómeno que sucedió: Cuando no pocos intelectuales conservadores y neoconservadores se detuvieron alarmados en las puertas del edificio teórico schmittiano, muchos de los que provenían del marxismo y otras variantes del pensamiento crítico se adentraron en el mismo irresponsable y desaprensivamente, sin medir las consecuencias de sus actos. (Borón & González, 2004, p. 136) Reconoce Giraldo Ramírez en su nota introductoria que “en Colombia la estrategia de la guerra prolongada de Mao Ze Dong ha superado toda expectativa y ha hecho empalidecer, en el plano temporal, las guerras revolucionarias que se libraron en Asia y África” (Uribe, 2013, p. 23) En efecto, en esta parte del mundo como en otros lugares, influyó –tal vez en demasía– el pensamiento de Mao –ideólogo marxista y dirigente de un proceso político concreto en la China imperial, semifeudal y colonial–. Mao (1968) advierte sin titubeo que: Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derrota a otra. En la sociedad de clases, las revoluciones y las guerras revolucionarias son inevitables; sin ellas, es imposible realizar saltos en el desarrollo social y derrocar a las clases dominantes reaccionarias, y, por lo tanto, es imposible que el pueblo conquiste el Poder. La tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del Poder por medio de la fuerza armada, es decir, la solución del problema por medio de la guerra. Este principio marxista-leninista de la revolución tiene validez universal. (Mao, 1968, p. 188) En Colombia, esta concepción se aplicó al revés y de manera torticera; así, parte de la guerrilla maoísta, anduvo por un vericueto de la historia, para mutar en el flagelo del paramilitarismo. Segmentos de estructuras guerrilleras no desmovilizadas se sumaron al paramilitarismo, como el Frente Pedro León Arboleda del Ejército Popular de Liberación, que en 1996 adhirió a las 8 Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) al mando de Carlos Castaño Gil (Vélez, s.f.). También el Frente Urbano Yariguíes del Ejército de Liberación Nacional en Barrancabermeja se desdobló como estructura paramilitar en 2002 (Aponte & Vargas, 2011, p. 46). Es difícil comprenderlo, pero en Colombia sucedió que sectores de las guerrillas se convirtieron en paramilitares. El común entendimiento de la historia en Colombia afirma que el paramilitarismo fue un mecanismo contrainsurgente establecido por las élites instaladas en Colombia para extender su poder y contener o destruir todo aquello que atentara contra sus intereses, focalizándose en la destrucción precisamente de las guerrillas6. El antropólogo y siquiatra Alberto Pinzón (en entrevista realizada el 18 de agosto de 2014) explica como uno de los puntos más reiterados en el discurso oligárquico es el aserto según el cual los revolucionarios solo están por la “toma del poder” a secas. Esta consigna se ha utilizado por el imperialismo y sus togados para quitarle la segunda parte, que es la más esencial e importante, y que consiste en tomar el poder para hacer “cambios profundos” o estructurales en la sociedad. No es “el poder por el poder” como históricamente y toda la vida lo ha hecho la oligarquía sino para hacer los cambios revolucionarios. Ahí está la esencia de la discusión que no se quiere dar. Palacios, al intentar una comprensión del fenómeno insurgente, llama la atención acerca de cómo en lo militar: La tecnología, los helicópteros y sistemas de comunicación satelital han permitido a la fuerza pública, más que a cualquier grupo ilegal, ‘matar la distancia’, literalmente y en ‘tiempo real’, una ventaja técnica que se pierde ante el déficit del factor estratégico. (Palacios, 2012b, p. 53) Y efectúa un balance estratégico para aseverar que: El verdadero problema que hubo de enfrentar la guerrilla en general al terminar la década de 1980 fue el creciente poderío paramilitar basado en el mismo principio de que ‘el poder nace del fusil’ y en la misma técnica de ‘construir’ territorios y ‘bases liberadas’. (Palacios, 2012b, p. 58) 6 Para un estudio comprehensivo sobre el problema histórico de la violencia y la guerra in genere es muy amplia y completa la literatura existente, desde el clásico de Federico Engels, Las guerras campesinas en Alemania. (Medellín: Oveja Negra, 1969), pasando por John Keane, Reflexiones sobre la violencia. (Madrid: Alianza, 2000), hasta de Eric Hobsbawm, Guerra y paz en el siglo XXI. (Barcelona: Crítica, 2007). Sobre Colombia desde la epopeya que narra Alfredo Molano en Trochas y fusiles. Historias de combatientes. (Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales–El Áncora Editores, 1994), pasando por Arturo Guerrero, Guerra, humanismo y ética. (Bogotá: Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrés de l'Homme–Asocaci, 2010), hasta de Gonzalo España, El país que se hizo a tiros. Guerras civiles colombianas (1810-1903). (Bogotá: Editorial Debate, 2013). 9 2. El liberalismo en la historia colombiana: intento y fracaso en la búsqueda de una salida a la crisis Debe observarse que los dos libros analizados tienen un marco contextual en cuanto a la producción bibliográfica de su objeto de estudio. A efectos de valorar su importancia y establecer su peso específico, es preciso remontarse a 1967 y abarcar hasta 2013. Es un arco que se abre con el fracaso de la llamada “generación de La Violencia” que estudia el Maestro Orlando Fals Borda en su opus magnum titulado La Subversión en Colombia (aparecido en 1967 y actualizado en 2008). Un balance histórico del período lo hace Fidel Castro Ruz, quien lo consigna en su documento La paz en Colombia (2010). Una obligatoria referencia por el realismo crudo del relato es el libro de Yesid Campos Zornoza El Baile Rojo (2008). Como lo es el importante libro Paramilitarismo en Colombia. La Modernidad que nos tocó de Alonso Otero (2007).7 En el contexto que describimos da frutos la tarea editorial del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR que a lo largo de una década realizó 22 estudios sobre la barbarie más reciente, estudios que confluyen en el Informe Basta ya (2013)8 -con el que el que se cierra el arco-. Basta ya trae un paquete de recomendaciones para realizar los derechos de las víctimas sobre verdad, justicia, reparación y no repetición. También hace recomendaciones para la construcción de paz. Estas recomendaciones han sido omitidas por el gobierno de turno y desconocidas por la opinión pública. Su punto de partida es reconocer que: Durante décadas, el Estado colombiano ha moldeado su estructura jurídica respondiendo a la necesidad de hacer frente a un conflicto armado interno que lo ha debilitado y desangrado. Por eso, el ordenamiento jurídico interno, responde, en gran parte, a la lógica de un Estado en conflicto, lo que hace que en un proceso de 7 Se trata de una investigación que se distancia de los conceptos que predominan en la discusión académica y política del tema, para plantear una visión según la cual los fenómenos de la insurgencia y el paramilitarismo no están relacionados con el atraso de las estructuras, sino que contrario sensu responden a presiones y necesidades que la globalización impone a los países periféricos (del “Tercer Mundo”) para adoptar una modernización, sin examen previo de sus consecuencias y sin medios para contrarrestar sus impactos. El examen realizado en este libro del periodo 1982-2002 busca reconstruir una etapa de la historia que tuvo un alto costo en términos de muerte, pérdida de mentes brillantes, y deterioro moral. El autor relata una serie de episodios para reconocer los errores y aciertos del pasado, las necesidades de corregir el rumbo y pensar en un futuro justo y con equidad. Su propuesta consiste en reorientar la política para construir un país tolerante, diverso, solidario y productivo en armonía y cooperación. 8 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social–Centro Nacional de Memoria Histórica. Colombia, Informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y dignidad (2013). El significado de este Informe es de tal alcance que constituye una detallada “declaración de parte” por parte del régimen oligárquico –que debe clarificarse y recogerse de la mejor manera posible– para evitar confusiones en cuanto al panorama táctico y estratégico en pleno desenvolvimiento. 10 construcción de paz sea necesario ajustar, modificar y derogar aquella normativa que interfiera con esos objetivos. Resulta entonces necesario revisar la estructura normativa e institucional a fin de que su configuración responda y facilite la transición. Construir la paz demandará cuantiosos recursos, pero más costoso resultaría mantener la guerra. Durante décadas, el presupuesto del Estado destinado para la guerra se ha incrementado de manera significativa, lo que hace necesario, en una etapa de transición, desmontar paulatinamente esa tendencia hasta alcanzar el objetivo de diseñar y ejecutar un presupuesto para la paz y el desarrollo social. (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2013, p. 242) El cuadro que pinta este valioso informe es el siguiente: doscientas veinte mil muertes (incluye los ‘falsos positivos’), de los cuales el ochenta por ciento eran personas no involucradas en acciones bélicas, sesenta y dos mil desaparecidos, Operación Baile Rojo contra la UP que eliminó bajo el método nazi tres mil personas entre dirigentes políticos (quinientos concejales, diputados, alcaldes congresistas) y sociales de sindicatos y ligas campesinas, cinco millones de desplazados, siete millones de hectáreas despojadas a los campesinos (aniquilación de las organizaciones campesinas). Los magnicidios de Pardo, Pizarro, Jaramillo y Galán ad portas de la maniobra constitucional de 1991. Un país teñido de sangre y batido por el sufrimiento. Millones de colombianos vapuleados, burlados, escarmentados, sacrificados. Mujeres y niñas sumidas en la violación y el oprobio. Hombres y niños hundidos en la vorágine de La virgen de los sicarios, que relata Fernando Vallejo (1994). Es un problema de una postración moral, de degradación en la vida colectiva que ha llevado a considerar a Colombia como un ‘Estado fallido’ (Acemoglu & Robinson, 2012), como una nación al borde de la disolución. Una situación por su gravedad comparable con la de Ruanda, Namibia, Pakistán, Bangladesh, Siria, Palestina, Irak, Afganistán, en materia de lo que la comunidad internacional denomina ‘crisis humanitaria’. No se puede desconocer la relación entre conflicto social e insurgencia en el caso colombiano. Uno de los puntos más álgidos de nuestro debate es el relacionado con el vínculo entre el conflicto social y el enfrentamiento armado. Se arguye que no hay relación aceptable de causalidad, dado que si fuese posible este vínculo, otros países más pobres que el nuestro estarían en la posibilidad de generar guerras internas. En fin, si se trata de hacer un balance militar y social, sería recomendable y conveniente revisar tranquila, reflexiva y pausadamente la debacle militar durante los dos gobiernos del presidente Uribe Vélez (2002-2010) y el de su sucesor, el actual presidente reelegido Juan Manuel Santos, ambos 11 seriamente cuestionados por su forma de ejercer el poder9. Desde 2004 se presentaron acontecimientos hasta ahora en proceso de esclarecimiento, que partían de su peculiar forma de ver el conflicto colombiano. La estrategia se basaba en la idea de “lucha contra el terrorismo”, que niega la existencia de un conflicto con raíces sociales en el país. Así se privilegian las acciones militares y de inteligencia sobre las políticas públicas distributivas10. En 2004 se conoció el informe “Conflictividad territorial en Colombia”, elaborado por Alfredo Rangel, Armando Borrero y William Ramírez, resultado de un Convenio de Cooperación Científica para Investigación entre la Escuela Superior de Administración Pública y la Fundación Buen Gobierno. Este estudio reconoce la existencia de una parainstitucionalidad que genera alteraciones, en tanto y en cuanto, se convierte en una fuente de conflictividad por el accionar de grupos armados –ejércitos de guerrilleros y “paramilitares”– que actúan en contra o 9 Uribe Vélez basó su ejercicio del poder en vínculos con los sectores más retardatarios de la clase terrateniente, las expresiones ultramontanas del militarismo criollo, el espionaje a las mismas instituciones del Estado que consideraba infiltradas como las altas cortes de justicia, la propaganda negra contra sus opositores, la persecución a los sectores sociales considerados por los servicios de inteligencia como base de apoyo de la insurgencia, combinado todo ello con los más sofisticados programas de asistencia social. Santos cabalgó sobre este esquema para hacerse elegir en 2010 como candidato del uribismo, luego se escinde de su antiguo mentor para aplicar fórmulas propias de un jugador de póker, habilidad de la que se precia el mismo Santos, quien proyecta una imagen de estratega político vinculado sólidamente con la élite económica, en especial al hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, banquero, dueño del principal diario del país, y ahora gran empresario agrícola. Santos está ligado de manera estrecha con el cuerpo ejecutivo de las multinacionales y la diplomacia de los países que conforman la OCDE; a su vez reparte dinero público en las regiones para obras de infraestructura que da réditos políticos a la coalición que lo respalda en el Congreso Nacional, más conocida como la fórmula de la “mermelada”. El uno es el fiel continuador del otro con un cambio de manejo táctico de la crisis nacional para mantener el modelo neoliberal basado en el extractivismo y las plenas garantías para la inversión extranjera directa que incluye la actividad de las bases militares norteamericanas en suelo colombiano para el control de centro y sur del conteniente americano. Así las cosas, la guerra de Uribe es la misma paz de Santos: preservar los intereses de la gran burguesía nacional socia del capitalismo internacional para depredar los sectores estratégicos de la economía colombiana. 10 Los costos del conflicto de manera general en materia del PIB nacional por año han estado por encima de todos los rubros. De 2010 a 2014 estos se duplicaron. La guerra la usufructúan ‘hombres de negocios’ que nunca van a la guerra. El Ejército ha sido utilizado por la clase política para ahondar los odios entre distintos sectores sociales y políticos por razones ideológicas, pero los muertos siempre son los de las clases menos favorecidas (militares, policías, guerrilleros, paramilitares y otras bandas). Los ministros de defensa civiles, resultaron más militaristas que los militares y han coadyuvado a generar otra especie de odio de clases entre los actores del conflicto. Su afán de presentar resultados, los llevó a generar una nueva doctrina apoyada por crímenes de lesa humanidad que denominaron “falsos positivos”. La ‘democracia en Colombia’ está en crisis pues las libertades ciudadanas se reducen a votar cada cuatro años para elegir los miembros de un congreso cuya función principal es mantener la distracción y desorganización de los sectores populares. Los costos de la guerra no son únicamente los 26 billones de pesos que en el 2013 se destinaron para “seguridad y defensa”. El gasto militar es igual al gasto en salud, educación y saneamiento ambiental en conjunto. De 600 mil funcionarios del orden central, 515 mil están vinculados al Ministerio de Defensa; así las cosas, más del 80% del rubro ‘gastos de personal’ son destinados a la seguridad. Consúltese Aurelio Suárez Montoya y Miguel Eduardo Cárdenas Rivera (2009). 12 paralelamente al Estado para disputarle y suplantar su poder, y que por esta razón tienen, además de la militar, una connotación claramente política. Se plantea la hipótesis que sostiene que la conflictividad que genera este fenómeno violento, más allá de ser la sumatoria de las secuelas de un grave problema de seguridad, es un proceso de apropiación y ejercicio del poder; una forma de dominación que se soporta y se reproduce gracias a las fisuras que deja la construcción de Estado y de territorio en este país; gracias a las fisuras (intersticios) que dejan la inequidad y el desorden del desarrollo económico colombiano; y gracias a las fisuras (rupturas) de nuestro tejido social construido entre sucesivas violencias, rápidos cambios demográficos y desarraigos. Los conflictos que genera la parainstitucionalidad impactan y distorsionan el sistema político, la administración del Estado, la organización social y el desarrollo económico. Se identifican también en la hipótesis dos factores que potencian el impacto del accionar parainstitucional: el control efectivo que ejercen sobre el territorio y los comportamientos sociales, políticos y económicos de la comunidad que lo ocupa, y el ejercicio de la administración de la “justicia”. El conflicto en Colombia tiene hondas raíces políticas y sociales. Por ejemplo, menos de un tercio de la población colombiana tiene acceso a una vida digna,11 mientras los otros dos tercios están excluidos o en condición de vulnerabilidad.12 Se trata de una democracia social formal, la cual fue descrita por el presidente de la República (en encargo), Darío Echandía, como un “orangután con sacoleva” (Gutiérrez, 2014). Los diferentes gobiernos han sido incapaces de adelantar la reforma social que el país necesita. El Partido Liberal, en diferentes oportunidades, fracasó en llevar a 11 Se entiende por “vida digna” una fórmula proveniente del concepto de “vida buena” acuñada por el célebre filósofo liberal Jürgen Habermas, según la cual todo ser humano por el hecho de ser humano le corresponde la plena satisfacción de sus necesidades materiales para proyectar su realización como persona y ser social a través del proceso discursivo, esto es la capacidad ciudadana de intervenir de manera concreta en la deliberación democrática y contrarrestar así los frenos para alcanzar la igualdad real (no formal). En el lenguaje jurídico tomó fuerza en las sentencias de la Corte Constitucional creada por la Constitución Política de 1991. Así se contrastan dos formas de existencia social: una denominada “el estado de cosas inconstitucional” que no garantiza los derechos sociales y económicos a amplios sectores ciudadanos, y otra de “vida buena” para los que si acceden a los bienes materiales y culturales necesarios para su plena realización como seres humanos. 12 Según Alfredo González del PNUD “en Colombia, la clase media está integrada por 13 millones de personas, los pobres son 16 millones, y hay 18 millones de ciudadanos que son la gran preocupación, pues están en condición de vulnerabilidad, con riesgo de caer, regresar o permanecer en la pobreza”. http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/desigualdad-en-colombia-el-pais-ocupa-el-puesto-12/14298377 13 cabo tales reformas.13 Así ocurrió con Alfonso López Pumarejo en 1934, los gobiernos liberales compartidos de los años 60 y 70, y con Virgilio Barco, quien fue incapaz de emprender las reformas económicas y sociales que acompañaran las reformas políticas emprendidas por Belisario Betancur. Por el contrario los gobiernos de los liberales César Gaviria y Ernesto Samper dieron rienda suelta al modelo neoliberal y fracasaron estruendosamente en la “superación de la pobreza” (Ospina, 2013). Con el conservador Pastrana se intentó un acuerdo de paz con las FARC-EP que fracasó luego que se desistiera de la idea de “compartir el poder”. Así se hizo al solio de Bolívar una expresión de la clase terrateniente con vínculos mafiosos que a través del accionar del paramilitarismo contuvo la ofensiva estratégica de las guerrillas revolucionarias. En este nuevo equilibrio de poder se produjo un desempate técnico a favor del régimen gracias a la intervención directa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos a lo largo del primer gobierno de Santos, plan operacional en curso desde su época cuando fungía como ministro de Defensa de Uribe Vélez.14 3. La solución del problema agrario: base para la superación de la violencia sistémica El conflicto sigue girando alrededor de la tierra y su solución requiere de la adopción de medidas en el campo social y económico. Se requiere de una forma de organizar el aparato político-administrativo para que en todo el territorio se garantice la debida prestación de los servicios públicos, administrativos y sociales, y que no sean solo para determinadas capas sociales como los grandes propietarios de la tierra, los potentados de la industria, los banqueros y las inversiones de las multinacionales. A lo largo de la historia en Colombia para el resto de la población se ha aplicado una modalidad de caridad pública que toma forma a través de la llamada “responsabilidad social empresarial”, consistente en acciones desplegadas por las fundaciones de las grandes empresas que con 13 Debe precisarse que el Partido Liberal fracasó no solo por la culposa responsabilidad de sus dirigentes. No es dable entender que su postura reformista encontró un obstáculo infranqueable en sus dirigentes. Si bien a ellos cabe una alta cuota en ese fracaso son las clases sociales a las que representa las que así lo impidieron. Por ejemplo el reformismo de los treinta obedecía a una alianza de los banqueros, los industriales y los terratenientes liberales para impulsar unas reformas que quitaran aliento a la movilización social que tuvo su hito y se contuvo con la Masacre de las Bananeras en noviembre de 1928. Como se constata estas reformas, en especial la agraria, se fueron al traste. 14 La estrategia militar del Pentágono para América del Sur se implementa por parte del Comando Sur que opera desde La Florida con su base estratégica instalada en Colombia durante la gestión de Santos como ministro de defensa de Uribe. La ofensiva actual contra la insurgencia se denomina operación ‘Espada de Honor’ que cuenta con el apoyo directo en materia logística y de táctica operacional por parte del Comando Sur. 14 donaciones obtienen rebajas de impuestos, estas acciones se aúnan a los programas asistenciales de corte tecnocrático dotados de una gran capacidad de inversión pública que se aplican a través de organismos no gubernamentales creados ex professo para servir de operadores en la “lucha contra la pobreza extrema”, que por cierto se convierten en fuente de poder electoral mediante nuevas modalidades de clientelismo, como es el caso de las reconocidas “familias en acción”. La distribución de la propiedad de la tierra es una herencia colonial que no se ha superado, constituyendo una aberratio ante el mundo. El poder de la tierra en Colombia se expresa en un nivel de concentración en el que (…) los predios de más de 2.000 hectáreas que corresponden al 0,06% de los propietarios, poseen el 53 % de la superficie, en tanto que cerca del 80% de los propietarios que poseen menos de 10 hectáreas les corresponde cerca del 5% de la superficie rural. El área promedio de los predios grandes es de 18.093 hectáreas por propietario, perteneciente a tan solo 2.428 propietarios. (Vergara, s.f.) En la actualidad esa tendencia “anticampesina” se expresa en el Indicador Gini para la propiedad rural que alcanza el 0.87. Esto significa que uno de cada cien propietarios controla 0.87 del total de la tierra disponible, mientras que los otros noventa y nueva propietarios acceden al 0.13. (Suescún, s.f.) Como si lo anterior fuese poco se ha comprobado que entre cuatro y seis millones de hectáreas quedaron en manos de los narcos y paramilitares. En este aspecto la inoperancia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es ostensible. Los recursos que se destinan a ejecutar los fracasados planes militares se deberían más bien orientar a solucionar el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, para dar un adecuado uso económico social y ambiental como bien común (Houtart, 2012). Lo que hasta ahora se ha hecho es cumplir con un componente social en la gestión gubernamental con un limitado enfoque asistencialista que no incluye el acceso a la tierra o a inversiones reales con asistencia técnica y financiera. Un problema adicional del que adolecen ambos estudios es su falta de claridad sobre el problema de la guerra como fenómeno humano e histórico-mundial.15 La 15 Es preciso asumir la categoría guerra de la manera más correcta posible para entender que esta hace una diferencia con la categoría de conflicto como un fenómeno inherente al ser humano que no desaparece nunca, y frente al cual lo que se debe hacer es resolverlo a través del diálogo; pero la guerra es una forma violenta de resolver los conflictos, a no ser que fuese posible librar la lucha política de clases en forma de 15 guerra es inevitable en el capitalismo tal como se decantó en cinco siglos y se configuró con base en la “ley de hierro” de la acumulación y la concentración, –ley que en su aplicación lleva ínsita la violencia sistémica–. Pero, además: Pensamos en términos de guerra, nos sentimos en guerra con nosotros mismos y, sin saberlo, pensamos que la depredación, la defensa territorial, la conquista y la interminable batalla de fuerzas antagónicas son la base misma de la existencia. La guerra es inherente al ser humano, lo ha acompañado como una sombra a través del tiempo y el espacio. La guerra es, pues, normal: no solo engendra el cosmos (Heráclito), sino que constituye el estado natural del hombre (Hobbes, Kant); más aún, el ser se revela como guerra (Lévinas): de ella surge la estructura misma de la existencia —individual y social— y nuestra manera de pensarla. Pero paradójicamente la guerra es “inhumana”: aunque la lleven a cabo hombres, estos actúan poseídos por potencias que los rebasan y transforman, potencias que la mitología identificaba con dioses. La guerra tiene vida propia, no está sujeta al control humano, existe solo para sí: la comprensión de este hecho, ignorado por los modelos seculares, implica el cabal entendimiento de lo que la guerra engendra en los hombres: atracción, culto y, en última instancia, un “terrible amor”. (Hillman, 2010, p. 12) En un mundo en el que la violencia es omnipresente y multiforme, “la guerra es el fundamento del ser, como lo son la muerte y el amor, la belleza y el terror”, y que no hay solución racional ante el amor que provoca sino el encauzamiento de este hacia la pasión estética. No solo nos aleja de la “ignorancia voluntaria” en que estamos inmersos sino que, al mismo tiempo, nos otorga una novedosa perspectiva para hacer frente a la guerra y la violencia desde sus propias entrañas. Por eso: Si queremos ver menguar el horror de la guerra para que la vida siga, es necesario entender e imaginar. Los humanos somos la especie privilegiada en cuanto a la comprensión. Solo nosotros tenemos la facultad y el alcance de mirar para comprender los avatares del planeta. Tal vez sea por eso que estamos aquí: para aportar comprensión sensible a los fenómenos que no tienen la necesidad de comprenderse a sí mismos. Incluso puede que sea una obligación moral tratar de entender la guerra. (Hillman, 2010, p. 15) Así formulada la cuestión de la guerra, el problema de fondo de los dos libros consiste en desconocer que: guerra no armada —como confrontación de fuerzas organizadas que no apelan a la lucha armada—. No necesariamente a la ‘no-violencia’ que como postura ética rechaza la idea de eliminar al contrario —se refiere claro está a la eliminación física— como algo propio de la guerra. La guerra política sin armas se asume entonces como guerra civil según la sabia fórmula de Sun Tse: “…subyugar al enemigo sin presentar batalla: este será el caso en que cuanto más te eleves por encima del bien más te acercarás a lo incomparable y lo excelente”. Léase Sun Tse (1974, p. 37). 16 Frente a la figura del Leviatán, que simboliza la construcción del orden y la paz, está la de Behemoth, que representa la guerra civil confesional, es decir, el conflicto violento por las razones más profundas. Dos monstruos que combaten: de un lado, el control del poder fáctico; del otro, la disidencia. Podría parecer que una vez constituido el monopolio de poder soberano que representa el Leviatán, nada pudiera hacerlo caer. No parece haber un más allá del Estado. Sin embargo, Hobbes indica que el Leviatán, a pesar de toda su potencia y ferocidad, es mortal, está sujeto a la decadencia, igual que las demás criaturas de la tierra. No obstante, el Estado moderno sigue en pie; cierto que con muchos cambios y adaptaciones a las nuevas circunstancias. Se muestra hoy con un rostro menos feroz que aquel diseñado por Hobbes, aunque no menos dañino. Está sostenido en los mismos presupuestos que el viejo monstruo: una antropología materialista, un concepto negativo de la libertad, un contrato entre enemigos potenciales en el origen de la comunidad política, la contención del terror y la violencia como fin de la política, la imposibilidad de un orden internacional de cuño universalista y una idea de razón pública como argumento legitimador del poder político. (Herrero, 2012, pp. 7-8) En su reciente ensayo sobre la guerra y la paz, el escritor Santiago Gamboa (2014, p. 38) explica: La guerra, siempre la guerra al principio de todo. Lo importante es lo que se hace después de ella, una vez que se logra construir la paz. Tal vez por esto Kant consideró que la paz entre los hombres no es un estado de la naturaleza, es decir, que no es natural, y por lo tanto se debe instituir. Se debe propiciar. En otras palabras, negociar. Como la paz no es un estado natural, aunque sí un fin deseado, podemos afirmar que es el resultado de un largo proceso de civilización (…). En la vía de Uribe López habría que reconocer la necesidad de acudir al Republicanismo como forma de construir el Estado moderno, con un sólido sustento ideológico en el liberalismo social poskeynesiano, con base en la teoría de los derechos sociales, pero ello tampoco se deja vislumbrar en el libro. Desconoce que: Los republicanos contemporáneos tienen los pies en la tierra: no abogan por una igualdad material extrema, sino que se contentan con la adopción de medidas políticas, sociales y económicas que promuevan la independencia de los ciudadanos, esto es, con que se preserve un cierto nivel de bienestar que les proporcione el tiempo, los recursos, la cultura, la educación y los conocimientos imprescindibles para ejercer sus deberes cívicos. (Ruiz, 2013, p. 135ª) Pero, además, omite la relación entre el imperialismo y el militarismo, clave para comprender el pathos de la violencia sistemática desde arriba, que se remonta al belicismo del siglo XIX. España (2003) dice: La carta del 63 consignó lo que se llamó el sagrado derecho a la insurrección. Todo el mundo tenía derecho a armarse, la apelación a las armas se convirtió en el 17 método más expedito para resolver cualquier litigio político…Esto determina en buena parte la naturaleza extremadamente violenta de la segunda mitad del siglo XIX colombiano. (España, 2003, p. 142) Con el paso de siglo la acción contra el “comunismo” que se materializa a partir de la Masacre de Las Bananeras perpetrada en 1928, va a tomar forma en la versión criolla anticomunista de raigambre paisa político–religiosa, católica conservadora, tal como la proclamó de manera diestra en los años 40 del siglo pasado Monseñor Builes (Jaramillo, 2007, p. 102), para quien “no había comunista bueno”, de donde se desprendía su soterrada autorización moral para matarlos y enterrarlos boca abajo; así se suma la doctrina del Basilisco de Laureano Gómez (De la Torre, s.f.), la que más adelante –luego de pasar por el crisol de La Violencia– habría de servir de base en nuestro medio a la Doctrina de la Seguridad Nacional, más adelante renombrada como Doctrina de la Seguridad Democrática. Como sí lo explica Palacios: Lo que podría parecer excepcional en el caso colombiano era la hibridación de las ideologías de la Guerra Fría con residuos de La Violencia y el estado de sitio de tipo dictatorial, cuando gobernó un régimen militar (1953-1957), emanado de un cuartelazo (el único desde 1854) que fue apoyado por la mayoría de las élites políticas, empresariales y religiosas del país. (Palacios, 2012b, p. 18) El “sesgo anticampesino” (Uribe, 2013, pp. 172 y 290) no es otra cosa que el “poder feudal” de los terratenientes en Colombia, que “a sangre y fuego” combatieron y derrotaron la lucha agraria. Uribe López no le da el significado histórico a esa gesta y a lo que significó la traición del Partido Liberal al movimiento campesino cuando se coaligó con el Partido Conservador en el Frente Nacional, pese a dar los suficientes elementos para contextualizar la Operación Marquetalia, que sirve de mojón al importante estudio La Nación Vetada que aquí se comenta. 4. De la relación entre Palacios Rozo y Uribe López: ¿el discípulo supera al maestro? Es notorio que el autor se inspira, coincide, desarrolla y complementa en su condición de economista político, el enfoque del historiador Marco Palacios que aparece en el importante libro Violencia pública en Colombia 1958-2010. La laguna de Uribe López, la expresa Palacios de manera similar: El liberalismo occidental como una filosofía política, para diferenciarlo del Partido Liberal, nunca pudo sembrar en el país los valores de la democracia y la 18 ciudadanía. Por el contrario, soslayó la distribución equitativa de la propiedad agraria, permitió, bajo el formalismo con el que se maneja todo en el país, que los mandones locales desplegaran actitudes de matones y rufianes en su entorno y que, con sus fondos electorales y públicos, chantajearan hacia arriba. Esto, en las condiciones de desequilibrio económico y de poder que genera el narcotráfico y la tozudez de las políticas prohibicionistas de Washington, crearon ese coctel explosivo que se sirve a diario en Colombia. (Palacios, 2012b, pp. 54-55) El problema agrario que Uribe López denomina el “sesgo anticampesino”, en Palacios es un asunto de tal magnitud que requiere dejar claro que “la restitución de tierras no puede sustituir una reforma agraria”, que “no hay un catastro confiable que permita siquiera saber quiénes son los propietarios de las tierras”. A lo que se suma otro problema “la presión que las grandes mineras y capitales ejercen sobre la tierra” y la “sobredimensión del ejército” que no ha podido resolver el problema de la violencia dado que “las élites colombianas solo buscan reproducirse a sí mismas y extender su poder familiar, de amigos, de roscas, a otros campos”, y agrega: El problema en Colombia son las élites del poder, tanto las que están en el gobierno en el Congreso como los guerrilleros y mafiosos que los quieren desalojar (…), nosotros tenemos una clase dirigente muy autocomplaciente. Se creen unos genios que todo lo controlan y todo lo saben, como si fueran dioses del Olimpo. Esa autocomplacencia no les permite ver los problemas que siguen ahí. Por ejemplo, el Estado no ha podido controlar territorialmente el país, ni siquiera el control militar que han querido imponer sin inversión social. El problema es que mientras que en otros países hay garrote y zanahoria, en Colombia la fórmula ha sido garrote y bla, bla, bla; y la gente ya no come cuento. (Palacios, 2012a, p. 18). Palacios al comenzar su exposición hace una aseveración —en apariencia baladí— pero sustancial para su enfoque de “violencia pública”: “(…) más colombianos han perdido la vida por accidentes de tránsito que en la confrontación armada directa”. (Palacios, 2012b, p. 18). Es loable su precisión conceptual sobre la violencia pública tal como la emplea en el título del libro, dado que ella “denota toda forma de acción social o estatal por medios violentos que requiera un discurso de autolegitimación” (Palacios, 2012b, p. 25). La solución que esboza comprende: Negociar consensos políticos alrededor de la demolición de la propiedad latifundista, principalmente ganadera; de la ideología del latifundismo y del clientelismo; habrá que asegurar mejor las libertades individuales y públicas, proteger efectivamente los derechos humanos, abrir la ciudadanía a todos los 19 colombianos y ampliar los márgenes de la soberanía nacional. (Palacios, 2012b, p. 21) Palacios constata que el funcionamiento del Estado colombiano (1958-2010) adolece de un “flagrante déficit de legitimidad y soberanía en el ámbito del territorio nacional y en el sistema internacional (sic)”. (Palacios, 2012b, p. 21). Palacios acepta como premisa de su estudio la idea hobbesiana según la cual los “súbditos a(d)miran al Estado que empuña en una mano la espada y en la otra un báculo” (Palacios, 2012b, p. 37). A esta medieval concepción suma la del funcionalista Weber para quien el Estado funciona con base en el “monopolio legítimo de la violencia” y de la alta capacidad para recaudar impuestos (Palacios, 2012b, p. 51), ergo en Colombia “no funciona el Estado” conditio sine qua non de la modernidad que se asume como la clave (demiurgo) del desarrollo, etcétera; esto es, todo el imaginario académico producto del eurocentrismo al que se responde desde la decolonialidad, debate de crucial importancia que ha pasado de agache entre nuestra “intelectualidad” marcada por el verbalismo que encubre su servilismo y postración al statu quo. No obstante es significativo su aporte sobre la modernización que: No explica, sin embargo, la profundidad del cambio que representó la aceleración de un tipo de capitalismo salvaje y sus conexiones profundas con el complejo política-violencia; ni las transformaciones del poder mundial y el papel de Estados Unidos en la modernización de un país tecno-económicamente atrasado y fiscalmente débil como Colombia. (Palacios, 2012b, p. 48). Al igual que Uribe López, Palacios se aferra al concepto de Estado hobbesiano propio de un liberalismo hirsuto. El primer capítulo del libro es en realidad un testimonio de vida, que no logra un orden expositivo con los capítulos subsiguientes que aparecen inacabados, pues resultan en últimas una crónica con vacíos en el arsenal bibliográfico, por ello deja en espera un ulterior estudio histórico. Conclusión: La salida política: construcción del posconflicto y pluralidad de enfoques Los factores para el ‘posconflicto’ (Cárdenas, s.f., pp. 31-41) resultantes de una negociación que conlleva una reducción efectiva y rápida del gasto militar en pro de lo social, pasan entonces por un cambio de fondo en el manejo del país, una dirección de los asuntos públicos como república moderna, una administración 20 pública digna de llamarse pública, y el cese del abuso de los banqueros, los hacendados, los contratistas y proveedores, y la eliminación de los privilegios que gozan los altos funcionarios del Estado. La guerra civil –aquella que se libra sin armas– permitirá a Colombia superar el conflicto armado para ocupar el próximo medio siglo en la construcción de una sociedad libre y justa en el sistema dinámico y cambiante de relaciones económicas y políticas internacionales. Estos serían algunos de los factores necesarios para superar el conflicto que se inició con el Frente Nacional y construir una sociedad con un manejo adecuado de los recursos naturales como un bien común, base cierta de una economía social que garantice el pleno respeto a los derechos humanos de carácter universal. Una gran causa por la cual se han librado guerras inútiles y costosas, y sin gloria como lo demostró con entereza y valor el General de la República, Luis Alfonso Mejía Valenzuela, en su libro de 2008 sobre “la endemia de la sedición en Colombia”, en el cual explica que las raíces de la insurgencia actual se hallan en la crisis agraria. En la actualidad se puede encontrar una dimensión global del conflicto marcada por un componente sustancial en la lucha por la humanización de la vida en el planeta: la preservación formal y la aplicación real de los derechos humanos, económicos y sociales, y de lo que más recientemente se ha venido a acuñar como el “derecho al desarrollo”, a la seguridad alimentaria y humana, como doctrina que toma fuerza para orientar políticamente el sistema de relaciones internacionales. Hoy no es posible concebir el problema de la seguridad sin asumir un respeto integral, esto es, conceptual y pragmático, con los Derechos Humanos como instrumento clave para la “construcción del posconflicto” en términos de soberanía alimentaria. Hay quienes piensan que dejar atrás la dinámica bélica y construir el posconflicto es un sinsentido. Consideran que aún vivimos una fase primaria de la agudización de la crisis y que es menester que el conflicto madure, esto es, que se agudice para delimitar mejor las posturas y saber con precisión cuál es la capacidad real de las fuerzas enfrentadas para, sobre esa base, hablar de posconflicto. En su mirada falta recorrer una fase en la que la correlación de fuerzas permita un desequilibrio estratégico que pueda crear las condiciones para que así el llamado posconflicto alcance la conditio de categoría de la ciencia política aplicable al proceso colombiano, dada su composición y características actuales. 21 Así las cosas, cuando se habla de la “solución política del conflicto en Colombia”, la referencia es la necesidad de perseverar en una idea arraigada en amplios sectores de la opinión pública nacional e internacional acerca de cómo dar curso a un proceso integral de negociación que reconozca las causas objetivas y subjetivas del conflicto; que no se autoengañe con la idea de la derrota del enemigo, y que abra la posibilidad de ofrecer una solución –en términos de plan de vida– no solo a unos tantos miles de insurrectos levantados en armas –sino a la población que sufre las consecuencias del conflicto–, cuyas raíces se hunden en el problema agrario y en la exclusión política que ha conllevado al uso de la violencia desde arriba, a partir de la década del veinte durante el siglo pasado. La salida a la crisis colombiana no puede resultar de una retórica “concertada por arriba” que realiza algunas reformas institucionales “para la paz” con el fin de lograr una “buena administración del Estado” e impulsar “reformas sociales” que den “vida digna al conjunto de la población”. En realidad (…) No hay un capitalismo enfermo de la mundialización neoliberal y de guerrerismo y otro capitalismo “posible” o utópico, estable y eficiente, que funcionaría con fluidez, libre de las crisis, del militarismo y la guerra y de brotes neofascistas. (Teitelbaum 2010, p. 21). En resumen se trata de la modernidad que trae el capitalismo desde el siglo XV a un país tropical, ubicado en el centro geoestratégico de un continente; es por tanto explicable un colonialismo cultural que persiste a través de diversas formas de colonialismo económico y político. Como bien lo reconoce Uribe López, en Colombia el tipo de liberalismo inserto en los libretos cognitivos del bloque en el poder no es el que busca amordazar al Leviatán para conjurar su despotismo, sino un liberalismo que busca mantener debilitada su capacidad infraestructural a fin de evitar un poder capaz de ponerle cortapisas a sus intereses particulares. Como con su habitual lucidez lo advirtiese Ernesto Guhl (…) es un hecho sabido que quienes están arriba triunfan, y por lo mismo les asiste la razón, corrompiendo en la mayoría de los casos a las ciencias, poniéndolas al servicio de sus intereses, hasta llegar a ejercer la violencia. (1991, p. 5) . Se trata de un sistema basado en comportamientos egoístas, pragmáticos e individualistas. Por ello es necesario hacer una lectura de los dos textos y sumarlos a la búsqueda de una interpretación de la violencia en Colombia, que tiene una causa fundamental: la élite en el poder que impide manu militari la existencia de una antiélite. (Cárdenas, 2014, pp. 356-386). Por eso la crisis permanece y se profundiza. Colombia –al igual que el resto del mundo– transcurre 22 “[…] una era de la historia que ha perdido el norte y que, en los primeros años del nuevo milenio, mira hacia delante sin guía ni mapa, hacia un futuro irreconocible” (Hobsbawm, 2007, p. 9). Referencias Acemoglu, D. & Robinson, J.A. (2012). Por qué fracasan los países. Bilbao: Deusto. Aponte, D. (2011). Terminando el conflicto armado con el ELN: de la necesidad de finalizarlo más allá del recurso a las armas. En D. Aponte & A. Vargas, (ed.). No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN (pp. 33-110). Bogotá: Cinep-Cerac. Borón, A. & González, S. (2004). ¿Al rescate del enemigo? Carl Schmitt y los debates contemporáneos de la teoría del estado y la democracia”. En A. Borón (ed.). Filosofía política contemporánea. Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, (pp. 135-139). 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La Reforma electoral en Colombia

RESUMEN La violencia y la corrupción tienen un vértice común: el sistema electoral que ha impedido la participación de las minorías en los asuntos públicos y ha privatizado el ejercicio del poder político. Remplazar las balas por los votos es condición necesaria pero no suficiente. Prohibir la financiación privada de las campañas políticas sería muy conveniente pero podría resultar inútil. Convertir el voto en una obligación o un deber, aparenta ser una solución sencilla para combatir la abstención pero en poco práctica. La institucionalidad de los partidos es deseable para combatir el personalismo, sin embargo será más importante retomar el debate sobre los ideales en reemplazo de la puja por los intereses particulares. Las organizaciones gremiales, sindicales, vecinales, profesionales deben ser actores públicos, organizados democráticamente, pero sin reemplazar o someter a los actores políticos. No hay soluciones perfectas ni realizables en el corto plazo. Sin embargo resulta importante identificar las reformas deseables. Por ejemplo: si la elección de Alcaldes municipales se hace de manera indirecta por el organismo administrativo local (el concejo) bajo un régimen similar al parlamentario, dado su mutuo control, podría erradicar el germen de la corrupción local que asciende a las gobernaciones, el parlamento y los órganos nacionales. Así como se tuvo el mérito de eliminar la reelección del Presidente de la República, se debiera eliminar la reelección de cualquier servidor público. De igual importancia será el eliminar el voto preferente, los umbrales y corregir el efecto de “feudos podridos” que tienen las pequeñas circunscripciones en la Cámara. La tecnología de la información y la comunicación permite prescindir del sistema electoral de papel. La identificación biométrica, las grandes bases de datos personales (BigData) y la cobertura nacional del Internet, pueden hacer los comicios muy baratos, transparentes y con muy alta presencia de los electores.   Bogotá, abril de 2017 A propósito de la presentación del libro Escrito por Carmen Cecilia Pérez Gómez Titulado “Elecciones en Colombia: 1990- 2014” Debates presidenciales y parlamentarios CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DINAMICA SOCIAL Contenido El sistema electoral El poder de las armas y del dinero ¿Saldrán las armas de la Política? ¿Saldrá Don Dinero de la Política? El abstencionismo cultural Los principales defectos del sistema electoral a. El caudillismo y la desinstitucionalización de los partidos b. La reelección c. La representación no proporcional. d. La falta de democracia interna en las organizaciones sociales. e. Los “feudos podridos”. f. La trashumancia electoral. Posibles soluciones para mejorar el sistema electoral i. Utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). ii. Eliminación de la financiación privada de las campañas políticas. iii. Establecer una verdadera rama electoral. iv. Eliminación del voto preferente. v. Eliminación de la reelección. vi. Reducir la representación desproporcionada. vii. Elección indirecta de los Alcaldes. viii. La consulta de opinión electrónica. El sistema electoral El sistema electoral, en su conjunto, ha de entenderse como la red de vasos comunicantes por donde debe fluir el líquido puro de la democracia. Sin embargo, por estos días se aprecia en Colombia que por los ductos electorales circula un cocimiento turbio y maloliente, del que el común de las gentes prefiere mantenerse alejado. Muy pocos consideran este fluido el más indicado para atenuar o saciar su sed de participación en las decisiones de la vida cotidiana. Una nueva oportunidad de purificar la democracia y modernizar el sistema electoral surge en este 2017 como una consecuencia del inicio de una nueva era, la de la paz, tras muchos años de intentar zanjar el conflicto social por la vía de las armas. Se trata de alcanzar el objetivo de erradicar la violencia de la política y quebrantar, por fin, la tendencia guerrerista de nuestra historia según la cual, para organizar la sociedad de una determinada manera, las minorías han pretendido imponer con las balas lo que nunca lograrían con los votos. La derecha, la izquierda, la oligarquía y la pobrería, en diferentes escenarios y en sucesivos tiempos, han incurrido en una rebeldía armada no exenta de crueldad, y a la postre, sepultada en la impunidad. La obstrucción de las vías democráticas, por donde deben circular las ideas y las propuestas de solución a los problemas, ha producido una enorme acumulación de inconformidades. En ocasiones esta represión de aspiraciones insatisfechas ha generado estallidos vanos que solo han dejado arroyos de sangre en los campos y ciudades. Si bien el perfeccionamiento de la democracia requiere innumerables y difíciles cambios, estos no se logran por la vía de las revoluciones violentas, como en la historia colombiana parece haberse comprobado. Cabe, entonces, pensar en la posibilidad de construir una auténtica democracia mediante procesos continuos y progresivos de evolución propiciada por la consolidación de una cultura de justicia, solidaridad y equidad. El poder de las armas y del dinero Una reforma al sistema electoral se hará en estos años, sin duda, pero la magnitud o profundidad del cambio conseguido no es fácil de predecir. Sin embargo, se puede afirmar desde ahora que, si tal trasformación se limita a darle unas oportunidades electorales circunstanciales a los grupos que hagan dejación de las armas, para cumplir el Acuerdo del teatro Colón, solo habremos logrado un pequeño avance, transitorio y sin efectos en el mediano plazo. El dar espacios electorales a nuevos actores políticos produce un nuevo equilibrio político pero, con el correr de los años, como se puede evidenciar históricamente, los rebeldes no solo hacen dejación de las armas, también dejan los ideales. La mayoría de los combatientes terminan, con el tiempo, siendo notorias flores del jardín político, para adornar el “establecimiento” con toques de igualdad. Muchos líderes reinsertados a la vida civil en el pasado han caído en las mismas prácticas políticas torcidas de la sociedad tradicional. Se han aglutinado en partidos informes y hasta se han asociado con los grupos de interés a los que antes enfrentaron militarmente. ¿Saldrán las armas de la Política? Nadie podrá afirmarlo tajantemente, las primeras organizaciones desarmadas serán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC –EP, pero se presume que otras organizaciones que protegen las actividades ilegales del narcotráfico, la minería, el despojo de tierras o la trata de personas, seguirán actuando para obligar a importantes sectores de la población a votar por determinados concejales, alcaldes, diputados, gobernadores o parlamentarios. La influencia de los actores ilegales se ha reflejado, por ejemplo, en la conformación del Congreso. Una proporción importante de congresistas ha sido investigada y sancionada penal y disciplinariamente. En la publicación titulada “y refundaron la patria…” (ed. Debate) se muestra que para el año 2006 los senadores investigados o condenados por vínculos con grupos armados ilegales fue un 42%. En una investigación del año 2002 la Vicepresidencia de la República y el Banco Mundial señalaron como uno de los problemas centrales de Colombia, la captura del Estado por la delincuencia. Entre 2002 y 2008, la Procuraduría General de la Nación reportó haber adelantado 76.133 procesos disciplinarios contra autoridades de las entidades territoriales. En este período fueron destituidos 343 alcaldes, 28 gobernadores, 92 concejales y 12 diputados. ¿Saldrá Don Dinero de la Política? Se acostumbra decir que es una fatalidad: “El dinero quiere poder político y los políticos quieren dinero”. También se repite la famosa frase acuñada por Lord Acton en 1887: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Nuestro sistema electoral parece diseñado por un ingenioso malévolo que ha logrado que en Colombia cobren vigencia estos dos aforismos. En efecto y, a manera de ejemplo, el analista político Ariel Ávila destaca que en las elecciones del 2015 hubo una gobernación que le costó al elegido 5 millones de dólares. La recuperación de tan voluminosa inversión no se logra con el modesto sueldo del funcionario, seguramente lo hace otorgando privilegios indebidos a sus financiadores en la contratación oficial, en las concesiones y en los permisos o licencias. Esto que ocurre en forma generalizada en Colombia ya se denuncia también en la democracia más respetada del mundo. La reportera Zoe Thomas de asuntos económicos de la BBC señaló (abril 26 de 2016) como un lastre para la candidata demócrata de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los vínculos de Hillary Clinton con los grandes bancos. Por otra parte, asegura que su campaña había recaudado hasta fines de marzo de 2016 unos US$13 millones de bufetes de abogados que representan a grandes corporaciones, así como a organizaciones de "banca en la sombra". El abstencionismo cultural La abstención es un fenómeno omnipresente en las elecciones colombianas, varios politólogos se han encargado de estudiar sus origines sin llegar a conclusiones tajantes. Pero cuando el porcentaje de los que no votan es la mayoría de los ciudadanos, ¿podría predicarse de esta democracia que es el gobierno de las mayorías? Una vez terminado el periodo de democracia restringida del Frente Nacional (1958 – 1974) la participación electoral adquirió mejores niveles en los comicios presidenciales por encima del sesenta por ciento. Pero una vez separadas las elecciones presidenciales de las de parlamento, volvió a decaer. La abstención superior al 50% del censo electoral ya se ha tenido como una constante en nuestros comicios electorales y se considera como parte integrante de la cultura política. Durante el periodo 1978- 2010 el promedio de participación en elecciones presidenciales fue de 45.99% y; en las del congreso las cifras fueron similares, excepto las de 1990 donde la participación fue la más alta: 55%. Curiosamente este fue el congreso que no pudo terminar su periodo por voluntad de la Asamblea Constituyente elegida en 1990 con la muy reducida participación del 30% y además, expidió la Carta Magna hoy vigente. La no participación electoral, por lo menos en el caso de los jóvenes colombianos, no significa desinterés en los asuntos públicos, porque entonces cómo se explicarían las ya frecuentes y masivas manifestaciones callejeras, donde con pancartas, gritos y piedras rechazan o respaldan propuestas políticas o decisiones gubernamentales. El no concurrir a las urnas puede ser una decisión voluntaria del ciudadano para expresar una postura política respetable. Puede ser además, un desanimo de participar teniendo sabido que “con su voto o sin él” las cosas seguirán iguales. Pero existen también los individuos que no votan por motivos ajenos a su voluntad, originados en la estructura del aparato electoral. Esta falta de presencia en las urnas es conocida como la “abstención técnica”, generada por las trabas impuestas por el procedimiento o aparato electoral al establecer puestos de votación fuera de la vecindad, exigir el documento de identidad, no figurar en los listados de mesa o no haber concurrido dentro del estrecho lapso de ocho horas del día lectoral. Algunos han querido ser intérpretes de la voluntad de los ausentes, cuando no, sus representantes. Pero lo que desean los abstencionistas es una gran incógnita que no se resuelve con la implantación del voto obligatorio ni la creación del deber legal de votar. Los principales defectos del sistema electoral El sistema electoral está compuesto por el conjunto de instituciones y regulaciones encargadas de garantizar de manera autentica y oportuna, la manifestación de la voluntad popular. A pesar de las buenas intenciones de los Constituyentes de 1991, hoy existen y persisten numerosos defectos que deben ser corregidos bajo las pautas de un mandato más preciso y posiblemente encomendado en su desarrollo a una institución distinta al Congreso Nacional, inhibido por naturaleza para fijar las reglas con las cuales el mismo ha de ser elegido (o reelegido). A continuación se presenta una de las varias taxonomías posibles de los numerosos defectos del sistema electoral colombiano: a. El caudillismo y la desinstitucionalización de los partidos. El voto preferente y la reelección indefinida en las corporaciones públicas, han venido propiciando la reducción del sano ejercicio democrático de buscar la alternabilidad, la renovación, o la innovación. En medio de la desesperanza creada por el inmovilismo político, nace la esperanza del “mesías” redentor. Por eso han tenido relativo éxito los líderes carismáticos, con propuestas simplistas para satisfacer los más elementales anhelos populares. Ellos con un poco de astucia, inteligencia y esfuerzo logran hacerse seguir por algunos “de-votos”, por lo general aglutinados transitoriamente en “movimientos” o grupos de interés informes. Ha surgido una democracia inorgánica y hereditaria. Las campañas electorales parecen unos torneos de belleza y no lo que debieran ser, saludables debates ideológicos o programáticos. Se exhiben a los candidatos como “figuras”, casi siempre artificialmente moldeadas según lo indiquen las encuestas de opinión. Los partidos políticos, como organizaciones encargadas de adoctrinar y movilizar a los simpatizantes, pasan a un segundo plano, se limitan a otorgar el aval requerido legalmente por el sistema electoral para inscribir al candidato. La analista Isabel Segobia (enero 28 de 2015 en Kien Ke) hace interesantes observaciones aplicadas a los años recientes. (…) “los pocos colombianos que votamos no lo estamos haciendo por partidos, sino por personas”. Ejemplifica su afirmación con casos de políticos aún activos: Antanas Mockus, incapaz de conformar un movimiento; Álvaro Uribe Vélez que pasa del partido Liberal a crear el partido de la U y luego al partido Centro Democrático; Sergio Fajardo elegido por un partido diferente en cada ocasión; Gustavo Petro se retira del Polo y crea su partido; Germán Vargas Lleras, se distancia de la persona de Uribe pero ideológicamente sostiene propuestas afines. b. La reelección. El uso del poder para reelegirse ha sido uno de los factores más perturbadores del juego democrático. Si bien es apropiado permitir la aspiración de un partido en el poder a permanecer en él, repugna a la democracia, mantener como candidato a quien ejerce ya un determinado poder. Desaparece la democracia interna de los partidos y la externa porque un simple ciudadano no puede competir en igualdad de condiciones con quien se desempeña como congresista, diputado o concejal, o con quien acaba de ejercer en las altas dignidades del ejecutivo. Más grave aún resulta el desequilibrio cuando se trata de la reelección del presidente de la República, el Alcalde o el Gobernador. Estos, como titulares de la administración, tienen una capacidad muy superior de atraer al elector en comparación con un aspirante a reemplazarlo. c. La representación no proporcional. La estructura y funcionamiento del sistema electoral ha propiciado un creciente rompimiento de la proporcionalidad de la representación en los cuerpos colegiados. La distorsión tiene origen en la diferencia poblacional de las circunscripciones departamentales, por ejemplo: Bogotá tiene 189 veces la población de Guainía; los tres departamentos del antiguo departamento de Caldas aglutinados, apenas son comparables en habitantes con el departamento de Cundinamarca; los dos departamentos Santander y Santander del Norte sumados, no superan la población del departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, la ley electoral para garantizar una representación territorial le asigna a cada departamento un mínimo de dos representantes (rezagos del bipartidismo) y el resto de las curules si los adjudica en proporción a un número de habitantes arbitrariamente tomado como referencia un censo de población desactualizado. Recientemente el ingeniero John Sudarsky, exsenador de la Alianza Verde, preocupado por los efectos nocivos de la falta de proporcionalidad puso el ejemplo de la circunscripción de Vaupés donde en las últimas elecciones para el Senado se depositaron 9.202 votos de un potencial de 19.607. “Si se presentan nueve candidatos, uno por partido, obtendrían, en promedio, 2.178, si votara la totalidad del potencial. Y con esto, los incentivos para la compra de votos serían gigantescos”. Como una de las posibles soluciones para todo el país propuso el modelo de circunscripciones unipersonales con representación poblacional uniforme. Sin embargo, esta solución aunque mejora la distorsión a la proporcionalidad, le atribuye al voto un significado de confianza en una sola persona más que en un partido. Sería abandonar la democrática idea del voto ideológico o programático que contiene el sufragio partidista. Los intentos por cumplir con el ideal de darle representación a las minorías, no han sido los más adecuados para preservar los derechos políticos de quienes tienen particulares características poblacionales o ideológicas, pero si han perturbado el debido respeto a la proporcionalidad. En este punto es oportuno recordar que la democracia no es solamente el triunfo de las mayorías sino el respeto de las minorías, por tanto, es necesario continuar la búsqueda de instrumentos adecuados para garantizar a los grupos minoritarios canales de expresión y participación. d. La falta de democracia interna en las organizaciones sociales. Además de las organizaciones políticas identificadas como partidistas, en la sociedad también actúan o influyen en los asuntos públicos las organizaciones defensoras de intereses sociales o económicos: los gremios de empresarios o banqueros, las cámaras de comercio, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones de pensionados, las juntas de acción comunal, los artistas, los laboratorios farmacéuticos, vecinos o deportistas. No todas estas organizaciones, a pesar de su carácter colectivo, tienen una organización interna de tipo democrático. No obstante, se les reconoce como representantes auténticos de grandes grupos y se les invita a concertar las políticas públicas o iniciativas legislativas. El sistema electoral no solo debe propiciar los principios democráticos en la representación política, también debe hacerlo frente a organizaciones sociales por ser canales validos de participación en la vida pública. Cobra más importancia la democratización en aquellos casos de gremios a los que, por contrato con el gobierno, se les encomienda la administración de importantes dineros públicos (contribuciones parafiscales) que empoderan su accionar público. Se destaca como caso de estudio a la Federación de Cafeteros en donde se ha introducido un completo y complejo sistema electoral interno, Así como se predica que los partidos políticos solo debieran defender los intereses generales, porque se ha considerado aceptable que las organizaciones sociales o económicas puedan defender exclusivamente los intereses particulares de sus asociados. Pero la democracia pierde su ponderación cuando los partidos o los políticos se convierten en voceros de las organizaciones particulares y los gremios actúan en las corporaciones públicas. Esta perniciosa práctica es fácilmente evidenciable cuando se examina la fuente de financiación de los partidos o de los candidatos, en buena parte, a cargo de empresas o gremios que esperan en reciprocidad una protección política particular, por lo general más obligante que la exigida por el simple ciudadano elector. e. Los “feudos podridos”. Con este nombre se conocen las pequeñas circunscripciones electorales, con poca población, donde es fácil para un candidato obtener las mayorías manipulando a los electores y a los demás candidatos para neutralizar la competencia. Muchos municipios colombianos y no pocos departamentos, han caído bajo el dominio político de una familia notable del lugar o de grupos armados. Se hacen al poder local para beneficiarse de los recursos fiscales o para proteger a los actores ilegales, incrementando con el tiempo su poderío económico o armado. Por lo general el actor dominante logra la permanencia de su influencia al escoger a sus sucesores. Además de los perjuicios causados a los residentes en esa circunscripción, los feudos podridos son las bases para construir un andamiaje corrupto de poder que asciende a la circunscripción electoral del siguiente nivel, la gobernación, la cámara o el senado. Según una cita hecha en el documento elaborado por el Observatorio de Procesos Electorales (OPE) de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, Colombia figura en la clasificación hecha por Nohlen como uno de los países con circunscripciones de tamaños más disimiles. La Cámara de Representantes está compuesta en su mayoría por miembros pertenecientes a circunscripciones pequeñas (el 46%) y medianas (el 24%) denotando una grave distorsión de la proporcionalidad. Algunos sectores políticos ahora abogan por eliminar la circunscripción nacional del Senado para regresar a una departamental, como lo era antes. Argumentan que una campaña nacional para un senador resulta muy costosa y como consecuencia, muchos Departamentos se quedan sin senador. Se olvidan que la circunscripción nacional del Senado se creó para complementar la representatividad territorial que bien debería satisfacer la Cámara de Representes. La concepción bi- cameral tiene sentido si cada una de ellas tiene un origen representativo distinto: el senado en listas cerradas debe representar a los partidos, esto es a las diferentes ideologías o propuestas programáticas nacionales; y la cámara debe representar los intereses políticos regionales y comunes. f. La trashumancia electoral. El sistema electoral ha establecido de tiempo atrás el procedimiento de la “inscripción” de la cédula en un lugar o municipio distinto al registrado en el censo electoral. Esta opción creada para facilitar el acceso del votante al puesto de votación ha sido el instrumento fatídico que ha permitido organizar el llamado “trasteo de votos”, según el cual un “capitán de votos” puede ejercer control geográfico sobre la votación de los ciudadanos que se comprometieron, a cambio de dinero o prebendas, a apoyar a un candidato señalado. En las elecciones de 2015 el Consejo Nacional electoral se vio obligado a anular la inscripción de 1,6 millones de ciudadanos que intentaron hacerse pasar como electores de un municipio o localidad a pesar de no ser vecinos del lugar. Posibles soluciones para mejorar el sistema electoral El llamado posconflicto se debe tomar como una época propicia para hacerle una reingeniería profunda al sistema electoral, si de verdad se pretende que los resultados electorales reflejen fidedignamente el criterio del ciudadano sobre la mejor manera de conducir los asuntos públicos. La transformación del anticuado sistema electoral, no será fácil, ni se cumplirá en un breve plazo. Posiblemente sea un proceso de negociación complejo y dilatado, lleno de tropiezos y polarización, a imagen y semejanza de lo ocurrido con el proceso de suscribir los acuerdos de paz con la guerrilla más antigua. La llamada “clase política” no dejará sus viejas (armas) costumbres electorales a cambio de nada, habrá disidencias y habrá transacciones. Sin embargo, con una agenda adecuada, la asesoría de agentes neutros, incluidos los extranjeros, y con la mira puesta en los electores y no en los elegidos, será posible erradicar los vicios y limitaciones que hoy caracterizan al sistema democrático colombiano. Mejorar los procedimientos y regulaciones electorales tiene profundos beneficios para el avance de la sociedad. El más notorio resultado será el de erradicar la corrupción de la administración pública, hoy agobiante, poderosa, generalizada y poco combatida. Será indispensable desprivatizar al Estado, hoy en manos de quienes aprovechando las debilidades y falencias del sistema electoral utilizan los comicios para expropiar a los ciudadanos del derecho que les corresponde de orientar y vigilar los asuntos públicos. Hay muchos indicios y evidencias de la gran dimensión que ha adquirido la corrupción durante los últimos años, pero basta tener en mente que la Procuraduría General de la Nación, durante los últimos ocho años ha sancionado disciplinariamente a unos tres mil funcionarios de elección popular. A continuación se presenta una clasificación de las posibles soluciones a los problemas antes señalados: i. Utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Recientemente (abril 26 de 2016) en un debate en el Senado, el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha, afirmó: “El voto (electrónico) es una parte pero no el todo, del sistema electoral” queriendo significar que la sistematización del proceso electoral era algo muy complejo y por lo tanto difícil. Al respecto la senadora Claudia López, refutándolo, atribuyó la resistencia evidente de la institución electoral a la implementación del voto electrónico a que: “existe un carrusel de contratación en la Registraduría para hacer las elecciones en papel. Este carrusel que cuesta casi un billón de pesos que se contrata a dedo con proponentes únicos, los mismos que se ganan siempre los contratos”. Por su parte el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa García, invitado a la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, presentó la iniciativa de implantar de inmediato el voto electrónico, sin papeleo, ni manipulación de escrutinios. El voto electrónico es considerado el instrumento que le da viabilidad al método computarizado de registrar y totalizar la votación. Constantemente surgen diferentes temores sobre la seguridad informática, pero también, todos los días se avanza en los sistemas de auditoría. Por ejemplo, se ha sugerido que una vez emitido el voto, la máquina imprima un comprobante en papel donde un código de barras impreso QRC - Quick Response Code- refleja la decisión del votante, y este, una vez verificado su contenido, lo deposita en las urnas. El censo electoral, entendido como el registro donde se encuentran listados todos los ciudadanos en capacidad de votar en cada una de las circunscripciones electorales, debe estar actualizado mediante la incorporación de las personas que llegan a la mayoría de edad o fijan su residencia en el lugar; y asimismo, excluir a quienes mueren, ya no residen en la circunscripción, o están inhabilitados judicialmente para sufragar. Esta operación resulta extremadamente prolija, porque en el país no existe aún una ley de empadronamiento forzoso. Sin embargo, hoy ya existe una base de datos muy robusta construida con el registro de la Seguridad Social que contiene de manera muy confiable los datos demográficos y de residencia de casi la totalidad de los ciudadanos. Esta gran fuente de datos, sumada con las varias bases ya consolidadas como: el SISBEN -Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, el servicio de migraciones, los servicios públicos domiciliares, la Dirección de Impuestos y el Registro Civil, entre otros, permite tener actualizados permanentemente los padrones electorales. Los modernos softwares para el manejo de Big Data (almacenamiento de grandes cantidades de datos) y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos, permiten mantener depurados los datos de toda la población. El Director General de Planeación Nacional Simón Gaviria Muñoz en marzo de 2016 declaró que el Gobierno nacional busca poner en funcionamiento en el 2017 una política de Big Data cuyo objetivo será que el Estado haga un mejor uso del activo gigantesco de datos que ya tiene y que está subutilizado. “La estrategia de Big Data debe construirse sobre una buena infraestructura de datos de calidad, abiertos, y en donde los diferentes entes estatales tengan acceso a datos producidos por otras entidades” afirmó Gaviria. El documento de identificación, como hoy lo conocemos (cédula, pasaporte, tarjeta de identidad), dentro de pocos años se verá como una antigualla. La identidad de las personas será complementada o sustituida por la biometría (huella dactilar, el iris, los chips personales o la configuración craneana). Con las técnicas disponibles hoy ya se puede hacer en el puesto de votación, a muy bajo costo, una certera comprobación de la identidad del elector. Además, el ciudadano, sin necesidad de inscripción previa, puede votar en cualquier puesto de sufragio próximo a su localización geográfica y luego, el sistema asignará el voto a la circunscripción de su residencia habitual o, lo anula si se trata de un intento de doble sufragio o de trashumancia electoral. Los resultados electorales serán instantáneos, se acumulan en el mismo momento en que se emiten los votos, facilitando su control y propiciando la transparencia. Los escrutinios de mesa ya no serán la principal fuente para totalizar, estos sólo serán utilizados para comprobar la operación automatizada y dilucidar reclamaciones. Como la ejecución de este escrutinio local sería muy rápida, el ahorro de tiempo podría emplearse para ampliar el número de horas en que están abiertas las urnas, facilitando de esta manera el acceso a todos los participantes. ii. Eliminación de la financiación privada de las campañas políticas. Los costos de las campañas políticas se podrán reducir a una mínima expresión si se aplican las tecnologías modernas de la comunicación La necesidad de grandes presupuestos en las campañas se ha justificado hasta ahora en el elevado costo de la comunicación con los electores por los medios masivos de publicidad, la realización de eventos promocionales y giras. Pero en los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto al uso de las redes sociales por Internet, entre otras: Facebook (15 millones de usuarios) y Twitter (6 millones de usuarios). Esto hace pensar que los gastos de las campañas serán cada vez más bajos y que pueden ser totalmente financiados por el Estado. Es factible en los próximos años prohibir la publicidad política pagada en los medios masivos de propiedad privada, como lo era hasta mediados del siglo pasado. Tampoco será necesario recaudar dinero para pagar los gastos de transporte, porque en el corto plazo se podrá garantizar que habrá siempre en la vecindad del elector un puesto de votación electrónico. Cada vez se verá más claro que se puede eliminar totalmente la financiación privada de las campañas, incluidos los aportes del patrimonio propio de los candidatos. iii. Establecer una verdadera rama electoral. La organización electoral no está constituida como una rama del poder, aunque informalmente quiere tenerse como tal. Debería ser financiera y administrativamente autónoma para cumplir una regla básica de la democracia: la neutralidad política. En la reforma constitucional del 2003 se creó una sólida subordinación del sistema electoral al poder legislativo. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral que antes eran potestad del Consejo de Estado, pasó a serlo del Congreso; y la elección del Registrador Nacional del Estado Civil que antes la hacía el Consejo Nacional Electoral pasó a ser función del Congreso. Los resultados han sido francamente negativos, por lo tanto se requeriría la conformación de un órgano electoral sin la injerencia de los servidores públicos de elección popular. Es indispensable transformar institucionalmente la Registraduría Nacional del Estado Civil en un organismo técnico dedicado exclusivamente a prestar el servicio de organizar y ejecutar los eventos electorales necesarios para el perfeccionamiento continuo de la democracia. En consecuencia debe abandonar las funciones de identificación civil que hoy ejerce y copan buena parte de su capacidad operativa. El registro del estado civil de las personas, desde el mismo nacimiento hasta la muerte es una función propia del sistema notarial y allí se está practicando con idoneidad creciente. Debería, a cambio, asumir el organismo electoral funciones del fomento de la participación popular en la definición de políticas públicas y en la democratización interna de las diferentes organizaciones de la sociedad civil agrupadas en partidos, sindicatos, gremios, juntas comunales o de vecinos, organizaciones campesinas, y las importantes e influyentes entidades administradoras de recursos parafiscales (Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación, gremios de la agricultura, etc.). A este propósito, un vocero del Concejo Nacional Electoral en la mesa de negociaciones con las FARC expreso: "También es necesaria una nueva rama electoral que garantice los derechos políticos para todos, mucho más para los partidos nuevos que surjan y para la oposición. El CNE se convirtió en un apéndice de los partidos y un ente subordinado a la Registraduría Nacional. En esta entidad los procesos administrativos son opacos y sin control, esta situación hace inoperante el control de los procesos electorales” iv. Eliminación del voto preferente. La normatividad electoral construida por las leyes y las costumbres ha mantenido viva la presencia de caudillos (gamonales) locales, regionales o nacionales. Esta práctica expandida por Latinoamérica desde el siglo XIX ha deformando la democracia. Existe la propensión a escoger a un hombre considerado como fuera de lo común, casi providencial. Orlando Abello, ex Registrador Nacional señala “las normas electorales, como están escritas, facilitan la trampa a la democracia y al sistema electoral”… “las listas abiertas (tienen un problema) es que el gran enemigo del candidato es su compañero de lista”. En consecuencia el eliminar el voto preferente o listas abiertas, fortalecerá la institucionalidad política y contribuirá a despersonalizarla. v. Eliminación de la reelección. La eliminación de la reelección presidencial en reciente decisión del Congreso fue aplaudida como factor preventivo al desequilibrio de poderes y a la exacerbación de la corrupción, pero no fue acompañada con la prohibición de la reelección de los miembros de las corporaciones públicas, lo que impide el surgimiento de nuevos líderes. Los re- elegibles deben ser los partidos, no las personas. vi. Reducir la representación desproporcionada. Aunque repetidamente se afirma que todos los votos valen igual, en la práctica colombiana no resulta ser cierto. En la Cámara de Representantes hay quienes son elegidos con un reducido número de votos, comparados con las de los demás colegas. Esto se debe a la distorsión creada por la llamada “departamentalitis” o proliferación de circunscripciones departamentales y a la prescripción de tener al menos dos representantes por circunscripción. En el Senado, además de la circunscripción nacional existente, y para respetar las minorías, se deben crear con reglas muy particulares circunscripciones especiales. Estas tienen como propósito darle representación a las poblaciones marginadas geográficamente, etnias dispersas o nuevas tendencias políticas nacionales. Hechas las reformas anteriores, o unas similares, podría prescindirse de las barreras electorales (mínimos de votación) y de la cifra repartidora para volver al cociente y mayores residuos. vii. Elección indirecta de los Alcaldes. Podría decirse que la elección del rector de la localidad municipal, es de la mayor importancia para la construcción de una estructura democrática en el departamento, la región y la nación. Por esta razón debe procurarse que sea el más auténtico reflejo de la voluntad popular aunque se le agregue alguna complejidad al proceso. Para evidenciar la importancia de los entes municipales Alberto Maldonado Copello (en estudio de 2011) destacaba como los municipios ejecutan el 64% de la inversión total del país para atender las necesidades básicas de su población. Sin embargo, los resultados han sido lastimosos, posiblemente debido a la incapacidad administrativa pero principalmente a la corrupción instaurada. Algunos indignos actores locales pueden con facilidad apoderarse del aparato administrativo de pequeños territorios para lograr beneficios económicos, propiciar actividades ilegales y para ello designan en los cargos administrativos a funcionarios comprometidos con grupos o “roscas” que terminan comportándose como mafias. Por tratarse de pequeñas circunscripciones la elección popular de Alcaldes se ha convertido en la conformación masiva de feudos podridos desde donde se ha venido consolidando la corrupción administrativa y política. De los 1.123 municipios de Colombia apenas 31 superan los 200.000 habitantes, y entre 100.000 y 200.000 solo hay 32. De esta manera se afirma que el 95% de los municipios son circunscripciones pequeñas susceptibles de ser manipuladas electoralmente para despojarlos de su patrimonio. Son en la realidad los “feudos podridos” donde se fermenta la corrupción que como en el fenómeno de la capilaridad de los líquidos va ascendiendo a los niveles territoriales superiores hasta invadir, todo el tejido democrático. Ante esta realidad electoral y en respeto a la autonomía local resulta indispensable que la elección de los alcaldes sea indirecta, esto es, que sea nombrado por un concejo municipal popular. Dado que los cabildos son organismos meramente administrativos, y representan la voluntad de los residentes de la localidad, ellos deben, como en el régimen parlamentario, elegir a un administrador ejecutivo, al que pueden destituir pero a su vez, el Alcalde, en contrapeso y solo en casos especiales puede disolver el cabildo y llamar a nuevas elecciones. Se ejerce así un mutuo control y se eliminan los poderes absolutos que corrompen absolutamente. viii. La consulta de opinión electrónica. La democracia participativa como complemento de la representativa no ha funcionado bien. Pero ahora se cuenta con la posibilidad de hacer las consultas electrónicas a un número muy grande de ciudadanos para que opinen sobre las decisiones o políticas públicas. Estas expresiones, técnicamente ejecutadas son una autentica expresión de la opinión popular que puede servir para legitimar el ejercicio gubernamental o para reducir las protestas o manifestaciones públicas. En Colombia desde 1991 se quiso complementar la democracia representativa con una serie de herramientas de participación directa del ciudadano. Se consideran como los más importantes mecanismos los de formulación de iniciativas legislativas o de políticas públicas, los cabildos abiertos, la consulta popular, el referéndum o el plebiscito, y la revocación del mandato de un gobernante. Las experiencias en estos 25 años no podrían calificarse de satisfactorias. Por ejemplo, el referéndum constitucional realizado el 25 de octubre de 2003, requería un quórum de 25% de registro de votantes. El Consejo Nacional Electoral dictaminó que sólo se reunió este requisito en una de las 15 reformas constitucionales propuestas por el gobierno de Álvaro Uribe, para las demás, no hubo el quorum de 6 millones de votos exigido por la ley. ¿Podría afirmarse que las 14 preguntas restantes fueron negadas y por tanto no deberían nunca incorporarse por medios distintos al ordenamiento legal? En la práctica no ha sido así. Otro ejemplo de inaplicabilidad fue el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016 convocado el 2 de octubre de 2016 para para responder Si o No a un apoyo a los extensos textos convenidos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tuvo una votación en la cual ninguna de las opciones votadas obtuvo la mitad más uno de los votos. Por el No votaron el 49,87%, por el Si un 49.46%, votos no marcados (en blanco) 0.67%. ¿Quiere esto decir que los colombianos no apoyan un Acuerdo por la Paz? Muy probablemente no, como sucede en los fenómenos de las decisiones tomadas en la incertidumbre. En este caso, sin leer el texto del Acuerdo, los participantes tienden a actuar al azar atendiendo a percepciones elementales de las bondades o perjuicios de su decisión. Así se puede concluir de la aplicación de la teoría de las probabilidades cuando el resultado es 50/50, que los votantes no actuaron bajo la reflexión y el razonamiento, hicieron una apuesta, cara o sello. El mecanismo de usar la recolección de firmas en cualquier lugar y en cualquier espacio, para expresar el respaldo a una iniciativa o a una convocatoria ha resultado engorrosa y engañosa. Al no existir ninguna técnica para comprobar la identidad del firmante, corresponde a los grafólogos verificar una muestra de las rúbricas y un cotejo con el censo electoral, operaciones casi siempre hechas manualmente. Esto permite considerar que las consultas populares, los plebiscitos y los cabildos abiertos se pueden remplazar por interrogatorios trasmitidos mediante el uso de los equipos móviles de telefonía o el internet en terminales fijos. Este sería el acceso más franco para todos los ciudadanos, quienes desde la comodidad del hogar o en cualquier lugar público cercano, puedan responder a las preguntas que le formulen los gobernantes, los partidos políticos o grupos significativos de personas. Por el mismo medio pueden manifestar su apoyo a una iniciativa legislativa o a la adopción de una política pública. Los temores sobre la seguridad del tele-voto se disipan al comprobar que los Bancos están aceptando transacciones financieras hechas desde los teléfonos de sus clientes. Si actividades financieras pueden ser confiables en la red telefónica, ¿por qué no pueden serlo también las actividades de la democracia participativa? Comentario Final La Misión Especial Electoral creada por el Gobierno Nacional para formular recomendaciones que hagan viable el cumplimiento de la reforma política convenida en el Acuerdo de paz con las FARC ha presentado su primer informe. De este primer pronunciamiento cabe destacarse la propuesta de reformar la institucionalidad electoral. Propone la Misión crear, por una parte un Consejo Electoral Colombiano (CEC), especializado en cumplir las funciones técnicas de la organización electoral y; por otra parte, una Corte Electoral (CE) donde unifica la jurisdicción electoral hoy repartida entre el Consejo de Estado y la Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la elección del Senado se propone mantener la circunscripción nacional y para la Cámara de Representantes propone un sistema que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, con en base a parámetros establecidos en la ley. En todas las demás corporaciones, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales recomienda la también la elección por listas cerradas Se ocupa también de eliminar aspectos que encarecen las campañas electorales pero, contradictoriamente, mantiene un sistema mixto de financiación de las campañas generando la necesidad de controles difíciles de practicar. Quedan así fronteras porosas por donde se infiltran los intereses económicos, no solo los ilegales, sino los de sectores económicos poderosos interesados en mantener las exenciones tributarias para favorecer las empresas y continuar la degradación del ingreso o salario y prestaciones sociales de los trabajadores. No se debe invitar al pesimismo pero la Misión de Observación Electoral, MOE anota que alrededor de 80 intentos de reforma al Código Electoral se han presentado desde su expedición en 1986, por tanto no se puede ser tan optimista al proponer modificaciones como las sugeridas en este escrito. Existe sin embargo una posibilidad de cuidadoso diseño como la de entregar a los nuevos órganos colectivos propuestos por la Misión, el CEC y la CE, atribuciones para redactar la ley electoral básica y luego reglamentarla autónomamente. Entonces si será posible soñar con una democracia más profunda, más participativa y más transparente.