La Reforma electoral en Colombia

RESUMEN La violencia y la corrupción tienen un vértice común: el sistema electoral que ha impedido la participación de las minorías en los asuntos públicos y ha privatizado el ejercicio del poder político. Remplazar las balas por los votos es condición necesaria pero no suficiente. Prohibir la financiación privada de las campañas políticas sería muy conveniente pero podría resultar inútil. Convertir el voto en una obligación o un deber, aparenta ser una solución sencilla para combatir la abstención pero en poco práctica. La institucionalidad de los partidos es deseable para combatir el personalismo, sin embargo será más importante retomar el debate sobre los ideales en reemplazo de la puja por los intereses particulares. Las organizaciones gremiales, sindicales, vecinales, profesionales deben ser actores públicos, organizados democráticamente, pero sin reemplazar o someter a los actores políticos. No hay soluciones perfectas ni realizables en el corto plazo. Sin embargo resulta importante identificar las reformas deseables. Por ejemplo: si la elección de Alcaldes municipales se hace de manera indirecta por el organismo administrativo local (el concejo) bajo un régimen similar al parlamentario, dado su mutuo control, podría erradicar el germen de la corrupción local que asciende a las gobernaciones, el parlamento y los órganos nacionales. Así como se tuvo el mérito de eliminar la reelección del Presidente de la República, se debiera eliminar la reelección de cualquier servidor público. De igual importancia será el eliminar el voto preferente, los umbrales y corregir el efecto de “feudos podridos” que tienen las pequeñas circunscripciones en la Cámara. La tecnología de la información y la comunicación permite prescindir del sistema electoral de papel. La identificación biométrica, las grandes bases de datos personales (BigData) y la cobertura nacional del Internet, pueden hacer los comicios muy baratos, transparentes y con muy alta presencia de los electores.   Bogotá, abril de 2017 A propósito de la presentación del libro Escrito por Carmen Cecilia Pérez Gómez Titulado “Elecciones en Colombia: 1990- 2014” Debates presidenciales y parlamentarios CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DINAMICA SOCIAL Contenido El sistema electoral El poder de las armas y del dinero ¿Saldrán las armas de la Política? ¿Saldrá Don Dinero de la Política? El abstencionismo cultural Los principales defectos del sistema electoral a. El caudillismo y la desinstitucionalización de los partidos b. La reelección c. La representación no proporcional. d. La falta de democracia interna en las organizaciones sociales. e. Los “feudos podridos”. f. La trashumancia electoral. Posibles soluciones para mejorar el sistema electoral i. Utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). ii. Eliminación de la financiación privada de las campañas políticas. iii. Establecer una verdadera rama electoral. iv. Eliminación del voto preferente. v. Eliminación de la reelección. vi. Reducir la representación desproporcionada. vii. Elección indirecta de los Alcaldes. viii. La consulta de opinión electrónica. El sistema electoral El sistema electoral, en su conjunto, ha de entenderse como la red de vasos comunicantes por donde debe fluir el líquido puro de la democracia. Sin embargo, por estos días se aprecia en Colombia que por los ductos electorales circula un cocimiento turbio y maloliente, del que el común de las gentes prefiere mantenerse alejado. Muy pocos consideran este fluido el más indicado para atenuar o saciar su sed de participación en las decisiones de la vida cotidiana. Una nueva oportunidad de purificar la democracia y modernizar el sistema electoral surge en este 2017 como una consecuencia del inicio de una nueva era, la de la paz, tras muchos años de intentar zanjar el conflicto social por la vía de las armas. Se trata de alcanzar el objetivo de erradicar la violencia de la política y quebrantar, por fin, la tendencia guerrerista de nuestra historia según la cual, para organizar la sociedad de una determinada manera, las minorías han pretendido imponer con las balas lo que nunca lograrían con los votos. La derecha, la izquierda, la oligarquía y la pobrería, en diferentes escenarios y en sucesivos tiempos, han incurrido en una rebeldía armada no exenta de crueldad, y a la postre, sepultada en la impunidad. La obstrucción de las vías democráticas, por donde deben circular las ideas y las propuestas de solución a los problemas, ha producido una enorme acumulación de inconformidades. En ocasiones esta represión de aspiraciones insatisfechas ha generado estallidos vanos que solo han dejado arroyos de sangre en los campos y ciudades. Si bien el perfeccionamiento de la democracia requiere innumerables y difíciles cambios, estos no se logran por la vía de las revoluciones violentas, como en la historia colombiana parece haberse comprobado. Cabe, entonces, pensar en la posibilidad de construir una auténtica democracia mediante procesos continuos y progresivos de evolución propiciada por la consolidación de una cultura de justicia, solidaridad y equidad. El poder de las armas y del dinero Una reforma al sistema electoral se hará en estos años, sin duda, pero la magnitud o profundidad del cambio conseguido no es fácil de predecir. Sin embargo, se puede afirmar desde ahora que, si tal trasformación se limita a darle unas oportunidades electorales circunstanciales a los grupos que hagan dejación de las armas, para cumplir el Acuerdo del teatro Colón, solo habremos logrado un pequeño avance, transitorio y sin efectos en el mediano plazo. El dar espacios electorales a nuevos actores políticos produce un nuevo equilibrio político pero, con el correr de los años, como se puede evidenciar históricamente, los rebeldes no solo hacen dejación de las armas, también dejan los ideales. La mayoría de los combatientes terminan, con el tiempo, siendo notorias flores del jardín político, para adornar el “establecimiento” con toques de igualdad. Muchos líderes reinsertados a la vida civil en el pasado han caído en las mismas prácticas políticas torcidas de la sociedad tradicional. Se han aglutinado en partidos informes y hasta se han asociado con los grupos de interés a los que antes enfrentaron militarmente. ¿Saldrán las armas de la Política? Nadie podrá afirmarlo tajantemente, las primeras organizaciones desarmadas serán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC –EP, pero se presume que otras organizaciones que protegen las actividades ilegales del narcotráfico, la minería, el despojo de tierras o la trata de personas, seguirán actuando para obligar a importantes sectores de la población a votar por determinados concejales, alcaldes, diputados, gobernadores o parlamentarios. La influencia de los actores ilegales se ha reflejado, por ejemplo, en la conformación del Congreso. Una proporción importante de congresistas ha sido investigada y sancionada penal y disciplinariamente. En la publicación titulada “y refundaron la patria…” (ed. Debate) se muestra que para el año 2006 los senadores investigados o condenados por vínculos con grupos armados ilegales fue un 42%. En una investigación del año 2002 la Vicepresidencia de la República y el Banco Mundial señalaron como uno de los problemas centrales de Colombia, la captura del Estado por la delincuencia. Entre 2002 y 2008, la Procuraduría General de la Nación reportó haber adelantado 76.133 procesos disciplinarios contra autoridades de las entidades territoriales. En este período fueron destituidos 343 alcaldes, 28 gobernadores, 92 concejales y 12 diputados. ¿Saldrá Don Dinero de la Política? Se acostumbra decir que es una fatalidad: “El dinero quiere poder político y los políticos quieren dinero”. También se repite la famosa frase acuñada por Lord Acton en 1887: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Nuestro sistema electoral parece diseñado por un ingenioso malévolo que ha logrado que en Colombia cobren vigencia estos dos aforismos. En efecto y, a manera de ejemplo, el analista político Ariel Ávila destaca que en las elecciones del 2015 hubo una gobernación que le costó al elegido 5 millones de dólares. La recuperación de tan voluminosa inversión no se logra con el modesto sueldo del funcionario, seguramente lo hace otorgando privilegios indebidos a sus financiadores en la contratación oficial, en las concesiones y en los permisos o licencias. Esto que ocurre en forma generalizada en Colombia ya se denuncia también en la democracia más respetada del mundo. La reportera Zoe Thomas de asuntos económicos de la BBC señaló (abril 26 de 2016) como un lastre para la candidata demócrata de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los vínculos de Hillary Clinton con los grandes bancos. Por otra parte, asegura que su campaña había recaudado hasta fines de marzo de 2016 unos US$13 millones de bufetes de abogados que representan a grandes corporaciones, así como a organizaciones de "banca en la sombra". El abstencionismo cultural La abstención es un fenómeno omnipresente en las elecciones colombianas, varios politólogos se han encargado de estudiar sus origines sin llegar a conclusiones tajantes. Pero cuando el porcentaje de los que no votan es la mayoría de los ciudadanos, ¿podría predicarse de esta democracia que es el gobierno de las mayorías? Una vez terminado el periodo de democracia restringida del Frente Nacional (1958 – 1974) la participación electoral adquirió mejores niveles en los comicios presidenciales por encima del sesenta por ciento. Pero una vez separadas las elecciones presidenciales de las de parlamento, volvió a decaer. La abstención superior al 50% del censo electoral ya se ha tenido como una constante en nuestros comicios electorales y se considera como parte integrante de la cultura política. Durante el periodo 1978- 2010 el promedio de participación en elecciones presidenciales fue de 45.99% y; en las del congreso las cifras fueron similares, excepto las de 1990 donde la participación fue la más alta: 55%. Curiosamente este fue el congreso que no pudo terminar su periodo por voluntad de la Asamblea Constituyente elegida en 1990 con la muy reducida participación del 30% y además, expidió la Carta Magna hoy vigente. La no participación electoral, por lo menos en el caso de los jóvenes colombianos, no significa desinterés en los asuntos públicos, porque entonces cómo se explicarían las ya frecuentes y masivas manifestaciones callejeras, donde con pancartas, gritos y piedras rechazan o respaldan propuestas políticas o decisiones gubernamentales. El no concurrir a las urnas puede ser una decisión voluntaria del ciudadano para expresar una postura política respetable. Puede ser además, un desanimo de participar teniendo sabido que “con su voto o sin él” las cosas seguirán iguales. Pero existen también los individuos que no votan por motivos ajenos a su voluntad, originados en la estructura del aparato electoral. Esta falta de presencia en las urnas es conocida como la “abstención técnica”, generada por las trabas impuestas por el procedimiento o aparato electoral al establecer puestos de votación fuera de la vecindad, exigir el documento de identidad, no figurar en los listados de mesa o no haber concurrido dentro del estrecho lapso de ocho horas del día lectoral. Algunos han querido ser intérpretes de la voluntad de los ausentes, cuando no, sus representantes. Pero lo que desean los abstencionistas es una gran incógnita que no se resuelve con la implantación del voto obligatorio ni la creación del deber legal de votar. Los principales defectos del sistema electoral El sistema electoral está compuesto por el conjunto de instituciones y regulaciones encargadas de garantizar de manera autentica y oportuna, la manifestación de la voluntad popular. A pesar de las buenas intenciones de los Constituyentes de 1991, hoy existen y persisten numerosos defectos que deben ser corregidos bajo las pautas de un mandato más preciso y posiblemente encomendado en su desarrollo a una institución distinta al Congreso Nacional, inhibido por naturaleza para fijar las reglas con las cuales el mismo ha de ser elegido (o reelegido). A continuación se presenta una de las varias taxonomías posibles de los numerosos defectos del sistema electoral colombiano: a. El caudillismo y la desinstitucionalización de los partidos. El voto preferente y la reelección indefinida en las corporaciones públicas, han venido propiciando la reducción del sano ejercicio democrático de buscar la alternabilidad, la renovación, o la innovación. En medio de la desesperanza creada por el inmovilismo político, nace la esperanza del “mesías” redentor. Por eso han tenido relativo éxito los líderes carismáticos, con propuestas simplistas para satisfacer los más elementales anhelos populares. Ellos con un poco de astucia, inteligencia y esfuerzo logran hacerse seguir por algunos “de-votos”, por lo general aglutinados transitoriamente en “movimientos” o grupos de interés informes. Ha surgido una democracia inorgánica y hereditaria. Las campañas electorales parecen unos torneos de belleza y no lo que debieran ser, saludables debates ideológicos o programáticos. Se exhiben a los candidatos como “figuras”, casi siempre artificialmente moldeadas según lo indiquen las encuestas de opinión. Los partidos políticos, como organizaciones encargadas de adoctrinar y movilizar a los simpatizantes, pasan a un segundo plano, se limitan a otorgar el aval requerido legalmente por el sistema electoral para inscribir al candidato. La analista Isabel Segobia (enero 28 de 2015 en Kien Ke) hace interesantes observaciones aplicadas a los años recientes. (…) “los pocos colombianos que votamos no lo estamos haciendo por partidos, sino por personas”. Ejemplifica su afirmación con casos de políticos aún activos: Antanas Mockus, incapaz de conformar un movimiento; Álvaro Uribe Vélez que pasa del partido Liberal a crear el partido de la U y luego al partido Centro Democrático; Sergio Fajardo elegido por un partido diferente en cada ocasión; Gustavo Petro se retira del Polo y crea su partido; Germán Vargas Lleras, se distancia de la persona de Uribe pero ideológicamente sostiene propuestas afines. b. La reelección. El uso del poder para reelegirse ha sido uno de los factores más perturbadores del juego democrático. Si bien es apropiado permitir la aspiración de un partido en el poder a permanecer en él, repugna a la democracia, mantener como candidato a quien ejerce ya un determinado poder. Desaparece la democracia interna de los partidos y la externa porque un simple ciudadano no puede competir en igualdad de condiciones con quien se desempeña como congresista, diputado o concejal, o con quien acaba de ejercer en las altas dignidades del ejecutivo. Más grave aún resulta el desequilibrio cuando se trata de la reelección del presidente de la República, el Alcalde o el Gobernador. Estos, como titulares de la administración, tienen una capacidad muy superior de atraer al elector en comparación con un aspirante a reemplazarlo. c. La representación no proporcional. La estructura y funcionamiento del sistema electoral ha propiciado un creciente rompimiento de la proporcionalidad de la representación en los cuerpos colegiados. La distorsión tiene origen en la diferencia poblacional de las circunscripciones departamentales, por ejemplo: Bogotá tiene 189 veces la población de Guainía; los tres departamentos del antiguo departamento de Caldas aglutinados, apenas son comparables en habitantes con el departamento de Cundinamarca; los dos departamentos Santander y Santander del Norte sumados, no superan la población del departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, la ley electoral para garantizar una representación territorial le asigna a cada departamento un mínimo de dos representantes (rezagos del bipartidismo) y el resto de las curules si los adjudica en proporción a un número de habitantes arbitrariamente tomado como referencia un censo de población desactualizado. Recientemente el ingeniero John Sudarsky, exsenador de la Alianza Verde, preocupado por los efectos nocivos de la falta de proporcionalidad puso el ejemplo de la circunscripción de Vaupés donde en las últimas elecciones para el Senado se depositaron 9.202 votos de un potencial de 19.607. “Si se presentan nueve candidatos, uno por partido, obtendrían, en promedio, 2.178, si votara la totalidad del potencial. Y con esto, los incentivos para la compra de votos serían gigantescos”. Como una de las posibles soluciones para todo el país propuso el modelo de circunscripciones unipersonales con representación poblacional uniforme. Sin embargo, esta solución aunque mejora la distorsión a la proporcionalidad, le atribuye al voto un significado de confianza en una sola persona más que en un partido. Sería abandonar la democrática idea del voto ideológico o programático que contiene el sufragio partidista. Los intentos por cumplir con el ideal de darle representación a las minorías, no han sido los más adecuados para preservar los derechos políticos de quienes tienen particulares características poblacionales o ideológicas, pero si han perturbado el debido respeto a la proporcionalidad. En este punto es oportuno recordar que la democracia no es solamente el triunfo de las mayorías sino el respeto de las minorías, por tanto, es necesario continuar la búsqueda de instrumentos adecuados para garantizar a los grupos minoritarios canales de expresión y participación. d. La falta de democracia interna en las organizaciones sociales. Además de las organizaciones políticas identificadas como partidistas, en la sociedad también actúan o influyen en los asuntos públicos las organizaciones defensoras de intereses sociales o económicos: los gremios de empresarios o banqueros, las cámaras de comercio, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones de pensionados, las juntas de acción comunal, los artistas, los laboratorios farmacéuticos, vecinos o deportistas. No todas estas organizaciones, a pesar de su carácter colectivo, tienen una organización interna de tipo democrático. No obstante, se les reconoce como representantes auténticos de grandes grupos y se les invita a concertar las políticas públicas o iniciativas legislativas. El sistema electoral no solo debe propiciar los principios democráticos en la representación política, también debe hacerlo frente a organizaciones sociales por ser canales validos de participación en la vida pública. Cobra más importancia la democratización en aquellos casos de gremios a los que, por contrato con el gobierno, se les encomienda la administración de importantes dineros públicos (contribuciones parafiscales) que empoderan su accionar público. Se destaca como caso de estudio a la Federación de Cafeteros en donde se ha introducido un completo y complejo sistema electoral interno, Así como se predica que los partidos políticos solo debieran defender los intereses generales, porque se ha considerado aceptable que las organizaciones sociales o económicas puedan defender exclusivamente los intereses particulares de sus asociados. Pero la democracia pierde su ponderación cuando los partidos o los políticos se convierten en voceros de las organizaciones particulares y los gremios actúan en las corporaciones públicas. Esta perniciosa práctica es fácilmente evidenciable cuando se examina la fuente de financiación de los partidos o de los candidatos, en buena parte, a cargo de empresas o gremios que esperan en reciprocidad una protección política particular, por lo general más obligante que la exigida por el simple ciudadano elector. e. Los “feudos podridos”. Con este nombre se conocen las pequeñas circunscripciones electorales, con poca población, donde es fácil para un candidato obtener las mayorías manipulando a los electores y a los demás candidatos para neutralizar la competencia. Muchos municipios colombianos y no pocos departamentos, han caído bajo el dominio político de una familia notable del lugar o de grupos armados. Se hacen al poder local para beneficiarse de los recursos fiscales o para proteger a los actores ilegales, incrementando con el tiempo su poderío económico o armado. Por lo general el actor dominante logra la permanencia de su influencia al escoger a sus sucesores. Además de los perjuicios causados a los residentes en esa circunscripción, los feudos podridos son las bases para construir un andamiaje corrupto de poder que asciende a la circunscripción electoral del siguiente nivel, la gobernación, la cámara o el senado. Según una cita hecha en el documento elaborado por el Observatorio de Procesos Electorales (OPE) de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, Colombia figura en la clasificación hecha por Nohlen como uno de los países con circunscripciones de tamaños más disimiles. La Cámara de Representantes está compuesta en su mayoría por miembros pertenecientes a circunscripciones pequeñas (el 46%) y medianas (el 24%) denotando una grave distorsión de la proporcionalidad. Algunos sectores políticos ahora abogan por eliminar la circunscripción nacional del Senado para regresar a una departamental, como lo era antes. Argumentan que una campaña nacional para un senador resulta muy costosa y como consecuencia, muchos Departamentos se quedan sin senador. Se olvidan que la circunscripción nacional del Senado se creó para complementar la representatividad territorial que bien debería satisfacer la Cámara de Representes. La concepción bi- cameral tiene sentido si cada una de ellas tiene un origen representativo distinto: el senado en listas cerradas debe representar a los partidos, esto es a las diferentes ideologías o propuestas programáticas nacionales; y la cámara debe representar los intereses políticos regionales y comunes. f. La trashumancia electoral. El sistema electoral ha establecido de tiempo atrás el procedimiento de la “inscripción” de la cédula en un lugar o municipio distinto al registrado en el censo electoral. Esta opción creada para facilitar el acceso del votante al puesto de votación ha sido el instrumento fatídico que ha permitido organizar el llamado “trasteo de votos”, según el cual un “capitán de votos” puede ejercer control geográfico sobre la votación de los ciudadanos que se comprometieron, a cambio de dinero o prebendas, a apoyar a un candidato señalado. En las elecciones de 2015 el Consejo Nacional electoral se vio obligado a anular la inscripción de 1,6 millones de ciudadanos que intentaron hacerse pasar como electores de un municipio o localidad a pesar de no ser vecinos del lugar. Posibles soluciones para mejorar el sistema electoral El llamado posconflicto se debe tomar como una época propicia para hacerle una reingeniería profunda al sistema electoral, si de verdad se pretende que los resultados electorales reflejen fidedignamente el criterio del ciudadano sobre la mejor manera de conducir los asuntos públicos. La transformación del anticuado sistema electoral, no será fácil, ni se cumplirá en un breve plazo. Posiblemente sea un proceso de negociación complejo y dilatado, lleno de tropiezos y polarización, a imagen y semejanza de lo ocurrido con el proceso de suscribir los acuerdos de paz con la guerrilla más antigua. La llamada “clase política” no dejará sus viejas (armas) costumbres electorales a cambio de nada, habrá disidencias y habrá transacciones. Sin embargo, con una agenda adecuada, la asesoría de agentes neutros, incluidos los extranjeros, y con la mira puesta en los electores y no en los elegidos, será posible erradicar los vicios y limitaciones que hoy caracterizan al sistema democrático colombiano. Mejorar los procedimientos y regulaciones electorales tiene profundos beneficios para el avance de la sociedad. El más notorio resultado será el de erradicar la corrupción de la administración pública, hoy agobiante, poderosa, generalizada y poco combatida. Será indispensable desprivatizar al Estado, hoy en manos de quienes aprovechando las debilidades y falencias del sistema electoral utilizan los comicios para expropiar a los ciudadanos del derecho que les corresponde de orientar y vigilar los asuntos públicos. Hay muchos indicios y evidencias de la gran dimensión que ha adquirido la corrupción durante los últimos años, pero basta tener en mente que la Procuraduría General de la Nación, durante los últimos ocho años ha sancionado disciplinariamente a unos tres mil funcionarios de elección popular. A continuación se presenta una clasificación de las posibles soluciones a los problemas antes señalados: i. Utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Recientemente (abril 26 de 2016) en un debate en el Senado, el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha, afirmó: “El voto (electrónico) es una parte pero no el todo, del sistema electoral” queriendo significar que la sistematización del proceso electoral era algo muy complejo y por lo tanto difícil. Al respecto la senadora Claudia López, refutándolo, atribuyó la resistencia evidente de la institución electoral a la implementación del voto electrónico a que: “existe un carrusel de contratación en la Registraduría para hacer las elecciones en papel. Este carrusel que cuesta casi un billón de pesos que se contrata a dedo con proponentes únicos, los mismos que se ganan siempre los contratos”. Por su parte el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa García, invitado a la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, presentó la iniciativa de implantar de inmediato el voto electrónico, sin papeleo, ni manipulación de escrutinios. El voto electrónico es considerado el instrumento que le da viabilidad al método computarizado de registrar y totalizar la votación. Constantemente surgen diferentes temores sobre la seguridad informática, pero también, todos los días se avanza en los sistemas de auditoría. Por ejemplo, se ha sugerido que una vez emitido el voto, la máquina imprima un comprobante en papel donde un código de barras impreso QRC - Quick Response Code- refleja la decisión del votante, y este, una vez verificado su contenido, lo deposita en las urnas. El censo electoral, entendido como el registro donde se encuentran listados todos los ciudadanos en capacidad de votar en cada una de las circunscripciones electorales, debe estar actualizado mediante la incorporación de las personas que llegan a la mayoría de edad o fijan su residencia en el lugar; y asimismo, excluir a quienes mueren, ya no residen en la circunscripción, o están inhabilitados judicialmente para sufragar. Esta operación resulta extremadamente prolija, porque en el país no existe aún una ley de empadronamiento forzoso. Sin embargo, hoy ya existe una base de datos muy robusta construida con el registro de la Seguridad Social que contiene de manera muy confiable los datos demográficos y de residencia de casi la totalidad de los ciudadanos. Esta gran fuente de datos, sumada con las varias bases ya consolidadas como: el SISBEN -Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, el servicio de migraciones, los servicios públicos domiciliares, la Dirección de Impuestos y el Registro Civil, entre otros, permite tener actualizados permanentemente los padrones electorales. Los modernos softwares para el manejo de Big Data (almacenamiento de grandes cantidades de datos) y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos, permiten mantener depurados los datos de toda la población. El Director General de Planeación Nacional Simón Gaviria Muñoz en marzo de 2016 declaró que el Gobierno nacional busca poner en funcionamiento en el 2017 una política de Big Data cuyo objetivo será que el Estado haga un mejor uso del activo gigantesco de datos que ya tiene y que está subutilizado. “La estrategia de Big Data debe construirse sobre una buena infraestructura de datos de calidad, abiertos, y en donde los diferentes entes estatales tengan acceso a datos producidos por otras entidades” afirmó Gaviria. El documento de identificación, como hoy lo conocemos (cédula, pasaporte, tarjeta de identidad), dentro de pocos años se verá como una antigualla. La identidad de las personas será complementada o sustituida por la biometría (huella dactilar, el iris, los chips personales o la configuración craneana). Con las técnicas disponibles hoy ya se puede hacer en el puesto de votación, a muy bajo costo, una certera comprobación de la identidad del elector. Además, el ciudadano, sin necesidad de inscripción previa, puede votar en cualquier puesto de sufragio próximo a su localización geográfica y luego, el sistema asignará el voto a la circunscripción de su residencia habitual o, lo anula si se trata de un intento de doble sufragio o de trashumancia electoral. Los resultados electorales serán instantáneos, se acumulan en el mismo momento en que se emiten los votos, facilitando su control y propiciando la transparencia. Los escrutinios de mesa ya no serán la principal fuente para totalizar, estos sólo serán utilizados para comprobar la operación automatizada y dilucidar reclamaciones. Como la ejecución de este escrutinio local sería muy rápida, el ahorro de tiempo podría emplearse para ampliar el número de horas en que están abiertas las urnas, facilitando de esta manera el acceso a todos los participantes. ii. Eliminación de la financiación privada de las campañas políticas. Los costos de las campañas políticas se podrán reducir a una mínima expresión si se aplican las tecnologías modernas de la comunicación La necesidad de grandes presupuestos en las campañas se ha justificado hasta ahora en el elevado costo de la comunicación con los electores por los medios masivos de publicidad, la realización de eventos promocionales y giras. Pero en los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto al uso de las redes sociales por Internet, entre otras: Facebook (15 millones de usuarios) y Twitter (6 millones de usuarios). Esto hace pensar que los gastos de las campañas serán cada vez más bajos y que pueden ser totalmente financiados por el Estado. Es factible en los próximos años prohibir la publicidad política pagada en los medios masivos de propiedad privada, como lo era hasta mediados del siglo pasado. Tampoco será necesario recaudar dinero para pagar los gastos de transporte, porque en el corto plazo se podrá garantizar que habrá siempre en la vecindad del elector un puesto de votación electrónico. Cada vez se verá más claro que se puede eliminar totalmente la financiación privada de las campañas, incluidos los aportes del patrimonio propio de los candidatos. iii. Establecer una verdadera rama electoral. La organización electoral no está constituida como una rama del poder, aunque informalmente quiere tenerse como tal. Debería ser financiera y administrativamente autónoma para cumplir una regla básica de la democracia: la neutralidad política. En la reforma constitucional del 2003 se creó una sólida subordinación del sistema electoral al poder legislativo. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral que antes eran potestad del Consejo de Estado, pasó a serlo del Congreso; y la elección del Registrador Nacional del Estado Civil que antes la hacía el Consejo Nacional Electoral pasó a ser función del Congreso. Los resultados han sido francamente negativos, por lo tanto se requeriría la conformación de un órgano electoral sin la injerencia de los servidores públicos de elección popular. Es indispensable transformar institucionalmente la Registraduría Nacional del Estado Civil en un organismo técnico dedicado exclusivamente a prestar el servicio de organizar y ejecutar los eventos electorales necesarios para el perfeccionamiento continuo de la democracia. En consecuencia debe abandonar las funciones de identificación civil que hoy ejerce y copan buena parte de su capacidad operativa. El registro del estado civil de las personas, desde el mismo nacimiento hasta la muerte es una función propia del sistema notarial y allí se está practicando con idoneidad creciente. Debería, a cambio, asumir el organismo electoral funciones del fomento de la participación popular en la definición de políticas públicas y en la democratización interna de las diferentes organizaciones de la sociedad civil agrupadas en partidos, sindicatos, gremios, juntas comunales o de vecinos, organizaciones campesinas, y las importantes e influyentes entidades administradoras de recursos parafiscales (Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación, gremios de la agricultura, etc.). A este propósito, un vocero del Concejo Nacional Electoral en la mesa de negociaciones con las FARC expreso: "También es necesaria una nueva rama electoral que garantice los derechos políticos para todos, mucho más para los partidos nuevos que surjan y para la oposición. El CNE se convirtió en un apéndice de los partidos y un ente subordinado a la Registraduría Nacional. En esta entidad los procesos administrativos son opacos y sin control, esta situación hace inoperante el control de los procesos electorales” iv. Eliminación del voto preferente. La normatividad electoral construida por las leyes y las costumbres ha mantenido viva la presencia de caudillos (gamonales) locales, regionales o nacionales. Esta práctica expandida por Latinoamérica desde el siglo XIX ha deformando la democracia. Existe la propensión a escoger a un hombre considerado como fuera de lo común, casi providencial. Orlando Abello, ex Registrador Nacional señala “las normas electorales, como están escritas, facilitan la trampa a la democracia y al sistema electoral”… “las listas abiertas (tienen un problema) es que el gran enemigo del candidato es su compañero de lista”. En consecuencia el eliminar el voto preferente o listas abiertas, fortalecerá la institucionalidad política y contribuirá a despersonalizarla. v. Eliminación de la reelección. La eliminación de la reelección presidencial en reciente decisión del Congreso fue aplaudida como factor preventivo al desequilibrio de poderes y a la exacerbación de la corrupción, pero no fue acompañada con la prohibición de la reelección de los miembros de las corporaciones públicas, lo que impide el surgimiento de nuevos líderes. Los re- elegibles deben ser los partidos, no las personas. vi. Reducir la representación desproporcionada. Aunque repetidamente se afirma que todos los votos valen igual, en la práctica colombiana no resulta ser cierto. En la Cámara de Representantes hay quienes son elegidos con un reducido número de votos, comparados con las de los demás colegas. Esto se debe a la distorsión creada por la llamada “departamentalitis” o proliferación de circunscripciones departamentales y a la prescripción de tener al menos dos representantes por circunscripción. En el Senado, además de la circunscripción nacional existente, y para respetar las minorías, se deben crear con reglas muy particulares circunscripciones especiales. Estas tienen como propósito darle representación a las poblaciones marginadas geográficamente, etnias dispersas o nuevas tendencias políticas nacionales. Hechas las reformas anteriores, o unas similares, podría prescindirse de las barreras electorales (mínimos de votación) y de la cifra repartidora para volver al cociente y mayores residuos. vii. Elección indirecta de los Alcaldes. Podría decirse que la elección del rector de la localidad municipal, es de la mayor importancia para la construcción de una estructura democrática en el departamento, la región y la nación. Por esta razón debe procurarse que sea el más auténtico reflejo de la voluntad popular aunque se le agregue alguna complejidad al proceso. Para evidenciar la importancia de los entes municipales Alberto Maldonado Copello (en estudio de 2011) destacaba como los municipios ejecutan el 64% de la inversión total del país para atender las necesidades básicas de su población. Sin embargo, los resultados han sido lastimosos, posiblemente debido a la incapacidad administrativa pero principalmente a la corrupción instaurada. Algunos indignos actores locales pueden con facilidad apoderarse del aparato administrativo de pequeños territorios para lograr beneficios económicos, propiciar actividades ilegales y para ello designan en los cargos administrativos a funcionarios comprometidos con grupos o “roscas” que terminan comportándose como mafias. Por tratarse de pequeñas circunscripciones la elección popular de Alcaldes se ha convertido en la conformación masiva de feudos podridos desde donde se ha venido consolidando la corrupción administrativa y política. De los 1.123 municipios de Colombia apenas 31 superan los 200.000 habitantes, y entre 100.000 y 200.000 solo hay 32. De esta manera se afirma que el 95% de los municipios son circunscripciones pequeñas susceptibles de ser manipuladas electoralmente para despojarlos de su patrimonio. Son en la realidad los “feudos podridos” donde se fermenta la corrupción que como en el fenómeno de la capilaridad de los líquidos va ascendiendo a los niveles territoriales superiores hasta invadir, todo el tejido democrático. Ante esta realidad electoral y en respeto a la autonomía local resulta indispensable que la elección de los alcaldes sea indirecta, esto es, que sea nombrado por un concejo municipal popular. Dado que los cabildos son organismos meramente administrativos, y representan la voluntad de los residentes de la localidad, ellos deben, como en el régimen parlamentario, elegir a un administrador ejecutivo, al que pueden destituir pero a su vez, el Alcalde, en contrapeso y solo en casos especiales puede disolver el cabildo y llamar a nuevas elecciones. Se ejerce así un mutuo control y se eliminan los poderes absolutos que corrompen absolutamente. viii. La consulta de opinión electrónica. La democracia participativa como complemento de la representativa no ha funcionado bien. Pero ahora se cuenta con la posibilidad de hacer las consultas electrónicas a un número muy grande de ciudadanos para que opinen sobre las decisiones o políticas públicas. Estas expresiones, técnicamente ejecutadas son una autentica expresión de la opinión popular que puede servir para legitimar el ejercicio gubernamental o para reducir las protestas o manifestaciones públicas. En Colombia desde 1991 se quiso complementar la democracia representativa con una serie de herramientas de participación directa del ciudadano. Se consideran como los más importantes mecanismos los de formulación de iniciativas legislativas o de políticas públicas, los cabildos abiertos, la consulta popular, el referéndum o el plebiscito, y la revocación del mandato de un gobernante. Las experiencias en estos 25 años no podrían calificarse de satisfactorias. Por ejemplo, el referéndum constitucional realizado el 25 de octubre de 2003, requería un quórum de 25% de registro de votantes. El Consejo Nacional Electoral dictaminó que sólo se reunió este requisito en una de las 15 reformas constitucionales propuestas por el gobierno de Álvaro Uribe, para las demás, no hubo el quorum de 6 millones de votos exigido por la ley. ¿Podría afirmarse que las 14 preguntas restantes fueron negadas y por tanto no deberían nunca incorporarse por medios distintos al ordenamiento legal? En la práctica no ha sido así. Otro ejemplo de inaplicabilidad fue el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016 convocado el 2 de octubre de 2016 para para responder Si o No a un apoyo a los extensos textos convenidos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tuvo una votación en la cual ninguna de las opciones votadas obtuvo la mitad más uno de los votos. Por el No votaron el 49,87%, por el Si un 49.46%, votos no marcados (en blanco) 0.67%. ¿Quiere esto decir que los colombianos no apoyan un Acuerdo por la Paz? Muy probablemente no, como sucede en los fenómenos de las decisiones tomadas en la incertidumbre. En este caso, sin leer el texto del Acuerdo, los participantes tienden a actuar al azar atendiendo a percepciones elementales de las bondades o perjuicios de su decisión. Así se puede concluir de la aplicación de la teoría de las probabilidades cuando el resultado es 50/50, que los votantes no actuaron bajo la reflexión y el razonamiento, hicieron una apuesta, cara o sello. El mecanismo de usar la recolección de firmas en cualquier lugar y en cualquier espacio, para expresar el respaldo a una iniciativa o a una convocatoria ha resultado engorrosa y engañosa. Al no existir ninguna técnica para comprobar la identidad del firmante, corresponde a los grafólogos verificar una muestra de las rúbricas y un cotejo con el censo electoral, operaciones casi siempre hechas manualmente. Esto permite considerar que las consultas populares, los plebiscitos y los cabildos abiertos se pueden remplazar por interrogatorios trasmitidos mediante el uso de los equipos móviles de telefonía o el internet en terminales fijos. Este sería el acceso más franco para todos los ciudadanos, quienes desde la comodidad del hogar o en cualquier lugar público cercano, puedan responder a las preguntas que le formulen los gobernantes, los partidos políticos o grupos significativos de personas. Por el mismo medio pueden manifestar su apoyo a una iniciativa legislativa o a la adopción de una política pública. Los temores sobre la seguridad del tele-voto se disipan al comprobar que los Bancos están aceptando transacciones financieras hechas desde los teléfonos de sus clientes. Si actividades financieras pueden ser confiables en la red telefónica, ¿por qué no pueden serlo también las actividades de la democracia participativa? Comentario Final La Misión Especial Electoral creada por el Gobierno Nacional para formular recomendaciones que hagan viable el cumplimiento de la reforma política convenida en el Acuerdo de paz con las FARC ha presentado su primer informe. De este primer pronunciamiento cabe destacarse la propuesta de reformar la institucionalidad electoral. Propone la Misión crear, por una parte un Consejo Electoral Colombiano (CEC), especializado en cumplir las funciones técnicas de la organización electoral y; por otra parte, una Corte Electoral (CE) donde unifica la jurisdicción electoral hoy repartida entre el Consejo de Estado y la Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la elección del Senado se propone mantener la circunscripción nacional y para la Cámara de Representantes propone un sistema que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, con en base a parámetros establecidos en la ley. En todas las demás corporaciones, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales recomienda la también la elección por listas cerradas Se ocupa también de eliminar aspectos que encarecen las campañas electorales pero, contradictoriamente, mantiene un sistema mixto de financiación de las campañas generando la necesidad de controles difíciles de practicar. Quedan así fronteras porosas por donde se infiltran los intereses económicos, no solo los ilegales, sino los de sectores económicos poderosos interesados en mantener las exenciones tributarias para favorecer las empresas y continuar la degradación del ingreso o salario y prestaciones sociales de los trabajadores. No se debe invitar al pesimismo pero la Misión de Observación Electoral, MOE anota que alrededor de 80 intentos de reforma al Código Electoral se han presentado desde su expedición en 1986, por tanto no se puede ser tan optimista al proponer modificaciones como las sugeridas en este escrito. Existe sin embargo una posibilidad de cuidadoso diseño como la de entregar a los nuevos órganos colectivos propuestos por la Misión, el CEC y la CE, atribuciones para redactar la ley electoral básica y luego reglamentarla autónomamente. Entonces si será posible soñar con una democracia más profunda, más participativa y más transparente.